Una consulta médica por videollamada. Una clase virtual en una escuela rural. Comprar desde un dispositivo móvil. Hacer tramites o reclamos por una app. Escanear un QR para ver el menú en bar. Escribirle a un asistente de inteligencia artificial por WhatsApp. No poder desconectarse del trabajo ni un segundo. Adolescentes que apuestan en linea en clases. Estas escenas, cada vez más frecuentes, ya no sorprenden. Hace diez años no existían ni podíamos imaginarlas. Hoy son parte de nuestra vida. La tecnología cambió cómo vivimos, cómo aprendemos, cómo trabajamos, como nos expresamos y hasta cómo nos relacionamos o reconocemos. Es por ello que cabe preguntarse: ¿Nuestra Constitución puede seguir siendo la misma cuando todo lo demás ya cambió? ¿Puede la próxima Constitución santafesina amparar derechos en una nueva sociedad atravesada por la digitalización, el IoT, la IA, el 5G, la conectividad, las tecnologías disruptivas? ¿podrá proteger derechos fundamentales para los próximos treinta o cuarenta años? Santa Fe está ante una oportunidad histórica. Reformar la constitución no es un simple retoque, no estamos hablando de maquillaje normativo. Es decidir, con responsabilidad política y visión de futuro, qué derechos debemos proteger y cómo queremos vivir en esta nueva era digital. Si somos valientes, podemos darle a Santa Fe la Constitución más moderna de la Argentina. Una que no sea un espejo del pasado, sino un puente hacia el futuro. Como dijimos, el mundo digital ya no es un “espacio más”: es donde estudiamos, trabajamos, producimos, reclamamos, nos expresamos y hasta donde votamos nuestras opiniones. Por eso, la nueva Constitución debe garantizar el acceso a internet como un derecho humano esencial, en pos de la inclusión digital. Tan importante como el agua o la energía. No importa si vivís en una ciudad, un pueblo o un paraje rural: sin conectividad no hay igualdad de oportunidades. También necesitamos reglas claras para proteger nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra identidad. Porque la violencia digital, el grooming, el acoso, los fraudes o el uso indebido de nuestros datos personales son delitos reales. La seguridad ya no se juega sólo en las calles: también se defiende en línea. Las tecnologías digitales pueden mejorar la educación, la salud y el trabajo. Pero también pueden generar nuevas desigualdades si no las regulamos con justicia. La inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas digitales deben ser herramientas al servicio de las personas, no al revés. Ningún algoritmo debe decidir sobre tu vida sin supervisión humana. La ética digital debe estar escrita en la Constitución. Además, una Constitución para esta era tiene que impulsar la alfabetización digital y la formación continua. No solo para usar tecnología, sino para comprenderla y participar de forma activa. Porque hoy tu jefe puede ser una app, tu hijo puede apostar online, y tu médico puede ser una pantalla. Por eso, necesitamos una ciudadanía digital informada, responsable, protegida y empoderada, capaz de aprovechar lo nuevo, sin dejar a nadie atrás. Sin embargo, los desafíos no terminan allí. Abrir el debate sobre estos derechos en la reforma que viene, no es sólo una necesidad técnica, sino que es una decisión política y democrática. Porque las tecnologías pueden acercar el Estado a las personas, ayudarnos a crear una democracia más participativa y plural. Pueden hacer más transparente la gestión pública, porque hacen más fácil la rendición de cuentas por parte de los funcionarios. O también, garantizar que las decisiones públicas se construyan con más voces en tiempo real. Pero para eso, tiene que haber reglas nuevas, firmes, éticas y humanas. Como convencionales, tenemos una responsabilidad histórica: que esta Reforma no sea sólo una actualización técnica o un ejercicio legislativo, sino una promesa cumplida de futuro. Una Constitución con mirada amplia, que proteja derechos nuevos y refuerce los de siempre. Que acompañe el desarrollo y garantice que nadie quede afuera de esta nueva sociedad digital. Un compromiso político con un futuro más inteligente, justo, equitativo, donde el avance tecnológico esté puesto al servicio de una vida mejor para cada persona humana. En definitiva, no se trata solo de adaptar la Constitución a la era digital que vivimos. Se trata de construir las condiciones para que en ella los ciudadanos del territorio santafesino puedan vivir con desarrollo, derechos, dignidad y oportunidades reales. Como nos decía nuestro querido Miguel Lifschitz: “construyamos el futuro con nuevas ideas y herramientas innovadoras, con nuevas perspectivas”. Porque si la Constitución es una promesa, esa promesa no puede llegar tarde.
gisel
Mahmud
Mahmud
