El padre Julio César Grassi (68) seguirá detenido en la cárcel bonaerense de Campana por dos hechos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados. Así lo dictaminó el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón luego de una audiencia donde se analizó el pedido del religioso para acceder al beneficio de la libertad condicional tras haber estado encerrado 11 de los 15 años de condena. Durante su alegato, el creador de la fundación “Felices los Niños” proclamó su inocencia y se mostró preparado para reinsertarse y “ser útil” en la sociedad. A su vez, los querellantes y el fiscal de ejecución se manifestaron en contra de su salida anticipada. A sala llena, atestada de cámaras y periodistas, la presidenta del tribunal Mariana Maldonado, acompañada de sus colegas Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade resolvieron “denegar” el pedido del sacerdote y darán a conocer los fundamentos el próximo lunes 2 de septiembre. El solicitante, que se representó a sí mismo en la audiencia, escuchaba de manera remota desde la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana. También estaban el fiscal de ejecución Mario Ravizzini, el abogado de la víctima conocido como Gabriel, Sergio Piri, y el querellante Juan Pablo Gallego, representante del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn). "Soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo”, le dijo a los jueces al empezar la audiencia a las 11 de la mañana en la sede judicial de Morón. “Tengo un sentimiento genuino de ser inocente, porque soy inocente, y estoy respetando lo que la ley me está pidiendo -para acceder al beneficio de la libertad condicional”. El planteo para salir de forma anticipada produjo la apertura de un incidente judicial donde se elaboraron distintos documentos donde se intentó analizar la aptitud real del preso para volver a incorporarse a la sociedad tras su encierro. Esta audiencia fue el punto culminante de ese proceso iniciado el año pasado. Grassi, egresado como abogado en una universidad a distancia desde el penal, adoptó su defensa y en su alegato comenzó citando casos internacionales donde hubo presos por “error judicial que pueden llevar a una persona a la cárcel”. También dijo que el informe psicológico que se le realizó en este incidente “no dice que tengo una actitud donde considere que los delitos -de abuso- están bien. Todo lo contrario, yo he militado en mi acción como sacerdote contra todo tipo de maltrato frente a los niños y los adolescentes y las personas mayores. No es mi actitud decir que esos delitos están bien, para mí son aberrantes y los repudio. Y lo he demostrado con las acciones pastorales y educativas que he realizado”. En efecto, los requisitos legales para acceder a la prisión domiciliaria imponen la necesidad de un informe que documente la capacidad del preso para lograr una adecuada reinserción laboral en la sociedad. Grassi adelantó que en libertad condicional trabajaría en temas pastorales ligados a personas detenidas. También el solicitante debe proponer un domicilio para demostrar “arraigo”, que para el cura estaría fijado en una quinta de José C. Paz perteneciente a un militar allegado a su hermano. “Estoy preparando un proyecto de vida distinto”, afirmó el cura al hablar de sus actividades ante una eventual salida. “Sé que las cosas que no pueden seguir como antes, y siendo inocente, tendré que buscar otras actividades dentro de la pastoral. Yo ya manifesté que quería hacer algo en beneficio de los presos. Empecé a estudiar abogacía, después una diplomatura y una pastoral carcelaria en la Conferencia Episcopal Argentina, además de todos los estudios que fui haciendo, inclusive de escribanía para poder ayudar dentro del mundo de la pobreza que puede tener inconvenientes con su propiedad”, agregó. Luego expresó: “El abuso siempre representa una actitud de poder y de daño contra una persona débil, y nada de eso ha ocurrido. He cumplido la progresividad de una manera muy clara durante todo este tiempo. A nivel social y familiar tengo contención, y a nivel psicológico no tengo ningún tipo de problema, según lo manifestó el psicólogo, que habló de resiliencia y lenguaje lógico”. Y con voz firme añadió: “tienen que estar tranquilos ustedes que voy a ser útil a la sociedad, llevando nuevas ideas en el área de derecho en ejecución penal, si la iglesia me lo permite, porque la iglesia dirá si me traslada a un lugar o a otro... Y estaré ayudando, porque mi esencia es ayudar y tratar de cumplir mi vocación de sacerdote, ahora en este momento como abogado y defensor de pobres”. A su término, el fiscal se negó a la concesión del beneficio por considerar que el condenado “no reconoce sus acciones transgresoras” al continuar considerándose como inocente. También mencionó la “gravedad de la condena” y la “reinterancia delictiva” -el condenado fue sometido a otros procesos penales- como otros obstáculos para su salida. Luego, el representante de la víctima, Sergio Piris, calificó a Grassi como una persona que se cree “omnipotente” y que “no recapacitó en absoluto durante el encierro”. “Grassi no cambió en nada. Cuatro instancias dijeron que es culpable de un delito, y parece que no entendió la situación en absoluto, por lo cual no puede reinsertarse en la sociedad por su forma de ser”, señaló. Cada parte tuvo 15 minutos para exponer su postura. Grassi utilizó al menos el doble en su alegato. Después del abogado de Gabriel tomó la palabra el querellante Gallego, quien se opuso con vehemencia al planteo del clérigo en virtud del “daño tremendo que ha causado”. “El informe criminológico lo destrozó, y él se negó a hacer el informe psicológico. Aunque estamos viendo una pericia en vivo, estamos viendo a un monstruo en directo”, manifestó. “Esto es un disparate y no debe ocurrir -dijo el letrado respecto a la solicitud-. Grassi ha autodemostrado que no está apto para su reinserción. El casso Grassi es un peligro, va a ser como el caso de Robledo Puch, y en cuatro años -cuando cumpla sus 15 años de condena- va a ser un problema”. Más tarde concluyó: “Grassi es un delincuente sexual que destruyó la vida de los menores a su cargo. (...) No entendió nada, se sigue burlando de la víctima y no considera el daño que acusó y el que puede causar”. Después de escuchar todas las posturas, y con las últimas palabras del cura, que reiteró su inocencia y su “respeto al proceso judicial”, la magistrada Maldonado cerró la audiencia y convocó a las partes para las 13.30 para dar el veredicto denegatorio. Los fundamentos jurídicos serán brindados el próximo 2 de septiembre, y se espera que Grassi vuelva a insistir con un recurso de apelación. La condena a 15 años de prisión del cura mediático se conoció el 10 de junio de 2009, luego de nueve meses de debate y el testimonio de 130 testigos. Grassi había llegado imputado por 17 hechos, pero los jueces lo encontraron “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”. Estos ilícitos, cometidos en la fundación creada y dirigida por él, fueron perpetrados “en fecha indeterminada, en la mañana de un día sábado o domingo de la última quincena del mes de noviembre de 1996 y el 7 de diciembre de 1996, en la localidad y partido de Hurlingham (...) en perjuicio de O.A.A.”. En 2010, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó las impugnaciones y confirmó la sentencia condenatoria. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia provincial rechazó los recursos extraordinarios y luego la Corte Suprema, en 2017, dejó firme la condena tras declarar inadmisible un planteo presentado por la defensa del religioso. Con la firmeza del caso, se realizó el cómputo de la pena, que se fijó hasta agosto 2026 por aplicación del instituto procesal conocido como “dos por uno”. Ese cálculo quedó bajo revisión tras una impugnación que elevó el expediente hasta la Cámara de Apelaciones de Morón, que en junio del año pasado declaró la inaplicabilidad de ese beneficio y ordenó fijar la culminación de la condena para el 30 de mayo del 2028, computada desde la última detención del cura en 2013.
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