El exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, tras ser encontrado culpable de haber protegido una estructura vinculada al juego clandestino que operaba en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, entre ellas Rafaela. El fallo se conoció este viernes, luego de casi dos meses de debate oral y público y a dos semanas de los alegatos de cierre. La sentencia fue dictada por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, en una audiencia que contó con la presencia del fiscal regional Matías Merlo y la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich. Durante el juicio, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato habían solicitado una pena de doce años de prisión para el exfuncionario. En la misma causa también fue condenado Nelson Ugolini, empleado judicial que trabajaba junto al exfiscal Gustavo Ponce Asahad. Este último había recibido una pena de tres años de prisión en 2020, tras declararse imputado colaborador. Para Ugolini, el tribunal impuso una condena de cinco años de cárcel, en línea con lo solicitado por la acusación. El proceso judicial   El juicio contra Serjal comenzó el 15 de septiembre, en el marco de una investigación por corrupción institucional que reveló vínculos entre funcionarios judiciales y redes delictivas de la región. El exfiscal fue acusado de organizar una asociación ilícita, cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada, omisión de persecución y peculado de servicios. La investigación que derivó en su detención, el 11 de agosto de 2020, surgió a partir de una pesquisa sobre el ataque armado al casino City Center de Rosario, ocurrido en enero de ese año. En ese hecho murió el gerente bancario Enrique Encino, alcanzado por un disparo mientras se encontraba en un balcón. Según la acusación, el atentado fue ordenado por Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda Los Monos, con fines extorsivos. Durante la investigación, una intervención telefónica reveló comunicaciones entre Maximiliano “Cachete” Díaz, un colaborador de Cantero, y el empresario del juego Leonardo Peiti, condenado en otra causa por juego ilegal. En esas conversaciones, Peiti habría recurrido a sus contactos en el ámbito judicial para obtener información sobre detenidos vinculados al ataque, lo que permitió a los fiscales identificar una posible red de protección integrada por Serjal y Ugolini. Los vínculos con Leonardo Peiti El empresario Leonardo Peiti, considerado el principal operador del juego clandestino en la provincia, declaró como testigo en el juicio. Según la acusación, mantenía vínculos con Serjal y otros funcionarios judiciales, a quienes habría entregado sumas de dinero periódicamente para garantizar la continuidad de sus actividades. Peiti fue condenado en 2021 a seis años de prisión por pago de sobornos y lavado de dinero, aunque la pena fue reducida a tres años tras su colaboración con la Justicia. En su declaración, admitió haber administrado múltiples emprendimientos de juego ilegal y haber realizado pagos a actores del ámbito político y judicial. Repercusiones institucionales El proceso contra Serjal, quien dirigió la Fiscalía Regional de Rosario entre 2017 y 2020, marcó uno de los episodios más relevantes en las investigaciones por corrupción dentro del Ministerio Público de la Acusación santafesino. Con esta sentencia, el tribunal dio cierre a un extenso proceso judicial que expuso las conexiones entre estructuras estatales y redes de juego ilegal, un entramado que tuvo derivaciones en otras causas por delitos vinculados al crimen organizado en la región.
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