La Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional y puesta en marcha tras la aprobación de la Ley de Bases en 2024 establece una serie de modificaciones que alteran aspectos centrales del vínculo laboral en la Argentina. Entre los principales cambios se encuentran la extensión del período de prueba, nuevas alternativas para las indemnizaciones por despido y ajustes en la acreditación de la relación laboral. Estas medidas configuran un nuevo escenario para la contratación y el cese de trabajadores, con efectos directos tanto para empleadores como para empleados. Período de prueba y desvinculación laboral   Uno de los puntos centrales de la reforma es la ampliación del período de prueba, que pasó de tres a seis meses. Durante ese lapso, el empleador puede dar por finalizada la relación laboral sin abonar indemnización por antigüedad, lo que extiende el tiempo en el que el trabajador se encuentra en una etapa de menor estabilidad contractual. En materia de despidos, el esquema tradicional de indemnización por antigüedad se mantiene vigente para los casos de desvinculación sin causa, aunque la normativa incorpora un sistema alternativo. Nuevas modalidades de indemnización La reforma habilita la posibilidad de reemplazar la indemnización clásica por un fondo de cese laboral. En este esquema, el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual a nombre del trabajador, que puede estar administrada mediante Fondos Comunes de Inversión o fideicomisos financieros. La implementación de este mecanismo no es automática, ya que depende de lo que se acuerde en los Convenios Colectivos de Trabajo. En ese marco, los sindicatos definen si se adopta el nuevo sistema o se conserva el régimen tradicional. La normativa fija un tope general del 8% del salario mensual para los aportes, con excepciones sectoriales, como la construcción, donde puede alcanzar el 12% durante el primer año. Presunción laboral y despidos discriminatorios Otro de los cambios introducidos se refiere a la presunción de existencia de la relación laboral. La reforma modifica el criterio automático previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que el trabajador debe aportar pruebas adicionales —como contratos, facturación o registros de pago— para acreditar el vínculo, lo que incrementa la carga probatoria en los conflictos judiciales. Asimismo, se incorpora el artículo 245 bis, que prevé un adicional indemnizatorio de entre el 50% y el 100% sobre la indemnización por antigüedad en los casos de despido discriminatorio, reforzando la protección ante situaciones de vulneración de derechos fundamentales. En conjunto, los cambios introducidos por la Reforma Laboral modifican reglas clave del mercado de trabajo y redefinen las condiciones bajo las cuales se desarrollan la contratación, la estabilidad laboral y los procesos de desvinculación en el país.
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