"Ya está, nosotros ya perdimos". Las fuerzas de irrupción del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional V ya habían roto la puerta del domicilio de España 2945, en el barrio Monseñor Zazpe, donde viven Gastón Ezequiel Farías, también conocido como "Perrito"; y su pareja, Claudia Campos. Junto al GOT entraron efectivos del departamento de investigaciones complejas de la PDI, que en realidad buscaban a la hermana de Farías, implicada en otro hecho delictivo. Para "Perrito" estaba claro que igual había perdido. La presencia de la policía en su casa, en plena siesta del jueves 27, no le dio tiempo a su mujer a deshacerse de un paquete de nylon en el que había, compactados, 250 gramos de cocaína. La frase: "ya está, nosotros ya perdimos", fue uno de los argumentos que fundamentó la decisión del juez de dictarle prisión preventiva a "Perrito". No hubo trabajo de campo que demostrara que ahí había un kiosco de venta de estupefacientes. Pero las evidencias -según explicó el fiscal Guillermo Loyola-, demostraron que había que llamar a los agentes de Microtráfico de la PDI. Además de la droga, había 1.760.000 pesos en efectivo, la mayor parte del dinero en billetes de baja denominación: más de mil billetes de mil pesos, mezclados con muchos de 500 y de 2 mil pesos. Y una balanza de precisión. Farías se aferró a una estrategia al hablar: dijo que está separado de su pareja y que ésta -la mencionada Claudia Campos- se hizo cargo de la droga y el dinero que había en su casa. "Llegué a la casa para ver a mis hijas y me encontré con la policía", dijo el muchacho. "Necesito estar con mis hijas porque estoy a cargo de ellas, las llevo al colegio y soy el sustento, no tengo nada que ver con las drogas que encontraron", insistió. El argumento de Farías es fácil de entender: a la hora de la audiencia de este martes, ya sabía que su pareja estaba en prisión domiciliaria, porque tiene una beba en etapa de lactancia. Ni el fiscal ni la abogada defensora Natalia Romina Cristóbal indagaron más sobre el tema, pero Loyola no dejó de apuntar que "esta es una forma de desligarse del caso atribuyendo la responsabilidad a la mujer, sabiendo que tiene prisión domiciliaria". La Dra. Cristóbal sustentó su intento de desvincular a Farías del caso en el hecho de que no hubo tareas de campo que indicaran que allí existía un comercio de venta de estupefacientes. Ni la balanza de precisión ni los billetes de baja denominación serían, según su lectura, suficiente para fundamentar la evidencia de una comercialización, dado que no se encontró droga fraccionada, sino un bloque compacto. Bottero se inclinó por la postura del fiscal y dictó la preventiva del imputado, a quien le endilgó "una conducta reprochable: es muy fácil echarle la culpa a la señora Campos, reprochable que le cargue el hecho a la madre de sus hijos. Qué fácil sería comercializar drogas allí y que cuando llegue la policía la señora diga 'yo me hago cargo', porque está en prisión domiciliaria".
Juez Bottero
