La Justicia civil de Rafaela no solo intervino en un conflicto entre vecinos por un perro de gran porte, sino que avanzó un paso más: exhortó al Municipio a revisar su marco normativo y a generar condiciones reales para abordar este tipo de situaciones, dejando al descubierto limitaciones estructurales en el sistema local. La resolución fue firmada por el juez Mauro García, en el marco de una acción preventiva de daños entre dos particulares. Allí, además de hacer lugar a una medida cautelar vinculada al caso puntual, el magistrado dispuso una serie de mandatos y recomendaciones dirigidas tanto al Ejecutivo como al Concejo Municipal, con impacto directo en la gestión pública. El fallo judicial. Foto: RN   Un llamado a legislar y actuar   Uno de los puntos centrales del fallo es la exhortación al Estado local para que avance en una “normativa integral y a la altura de las circunstancias” respecto a la problemática de animales potencialmente peligrosos. El planteo judicial no se limita a una sugerencia: parte de un diagnóstico explícito. En los considerandos, el juez advierte que muchos conflictos de este tipo terminan en tribunales por la falta de respuestas institucionales previas, lo que evidencia un déficit en la regulación y en la capacidad de intervención del Estado. Judiciales 7 de Abril de 2026 Grave ataque a una comisaría de la región por venganza: seis personas quedaron con prisión preventiva   En Rafaela, existe desde diciembre de 2007 la ordenanza N° 4.142, que regula la tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos. Sin embargo, su aplicación y control han sido históricamente cuestionados. La norma surgió tras un hecho trágico ocurrido en barrio Villa Podio, donde un perro provocó la muerte de una niña, marcando un antecedente fuerte en la agenda local y nacional. En ese contexto, el fallo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que no es nueva, pero que aún no encuentra una respuesta efectiva. Otro eje relevante del fallo apunta a la falta de espacios adecuados para el alojamiento de animales peligrosos. El juez ordenó al Municipio que avance en las gestiones necesarias para concretar, junto al gobierno provincial, un lugar acorde para el traslado y refuncionalización del R.E.M.A., el refugio municipal. Rafaela 31 de Enero de 2025 Con el voto negativo del PJ, el Concejo Municipal aprobó la donación del terreno para la construcción de la nueva Alcaidía   Este punto se vincula con un proceso ya en marcha: el terreno donde actualmente funciona el antiguo refugio —ubicado en la intersección de Avenida Italia y Camino Público N° 5— fue destinado para la construcción de la nueva Alcaidía, una obra anunciada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al intendente Leonardo Viotti. En el convenio de donación del predio se estableció que la Provincia deberá construir un nuevo espacio para el Re.M.A., con condiciones mejoradas. Sin embargo, el fallo deja en evidencia que, en la actualidad, no existe aún una alternativa concreta que permita dar respuestas adecuadas. Rafaela 28 de Enero de 2025 ¿Qué va a pasar con el Re.M.A.?   El antecedente del Re.M.A. La situación del refugio municipal también tiene un trasfondo histórico. Actualmente, el Re.M.A. cuenta con el acompañamiento de rescatistas independientes que promueven la adopción responsable y han logrado reducir significativamente la cantidad de animales alojados. Policiales 8 de Abril de 2026 Despliegue importante de la policía en la Escuela Rivadavia de Rafaela: secuestraron un arma de juguete   Sin embargo, el pasado del lugar refleja otra realidad. En 2006, el predio llegó a albergar cerca de 490 perros y funcionaba más como un depósito de animales abandonados que como un refugio. En ese contexto, se estima que alrededor del 90% de los animales no sobrevivía, en lo que quedó como uno de los capítulos más críticos en materia de protección animal en la ciudad. Más allá del caso puntual Aunque el origen del expediente es un conflicto entre particulares, el fallo trasciende esa dimensión y se posiciona sobre un problema más amplio: la gestión pública de riesgos vinculados a animales en entornos urbanos. En ese marco, el juez plantea que la solución no pasa únicamente por medidas individuales (como el traslado o resguardo de un animal), sino por la construcción de un sistema que combine un marco regulatorio claro; infraestructura adecuada y controles efectivos. La resolución deja así un mensaje institucional: la prevención del daño no es solo una obligación de los particulares, sino también del Estado, que debe contar con herramientas para intervenir antes de que los conflictos escalen.
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