Un fallo judicial en la ciudad de Santa Fe anuló 13 fotomultas realizadas por el radar ubicado sobre avenida Marcial Candioti y reavivó el debate sobre la legalidad y el funcionamiento de estos dispositivos. La resolución hizo foco en la falta de señalización adecuada y en la ausencia de información pública sobre la reducción del límite de velocidad de 50 a 40 kilómetros por hora. La abogada Florencia Gervasoni, protagonista del caso, explicó que todo comenzó cuando recibió la primera notificación en febrero de 2024. “Ingresé al sistema y vi que no era una sola multa, sino que tenía 12 más. La mayoría de las personas se encontró con la misma situación”, relató en diálogo con Radio Mitre Santa Fe. Según detalló, las infracciones correspondían a velocidades de entre 43 y 45 km/h, es decir, dentro del límite históricamente permitido en la zona. “Siempre lo tuve registrado a 50 kilómetros. Nunca había excedido ese límite, por eso me sorprendió”, señaló. El argumento clave: “error de prohibición” El fallo judicial introdujo el concepto de “error de prohibición”, que implica que la persona actuó convencida de que su conducta era correcta. “Es creer que uno está obrando bien, desconociendo que está cometiendo una falta. En este caso, porque nunca se informó debidamente la baja de la velocidad”, explicó Gervasoni. La resolución ratificó lo dispuesto en primera instancia por el juez penal Octavio Silva, quien ya había cuestionado la validez de las sanciones impuestas por el Tribunal de Faltas. Falta de señalización y pruebas clave Uno de los puntos centrales del caso fue la demostración de que el límite de 50 km/h se mantuvo visible durante años, incluso después de que una ordenanza de 2020 estableciera el cambio a 40 km/h. “Se pudo probar con herramientas como Google Maps, capturas de distintas épocas y notas periodísticas que el cartel seguía indicando 50 hasta 2023”, explicó la abogada. Además, sostuvo que la modificación del radar para comenzar a medir a partir de los 40 km/h se realizó sin una comunicación pública adecuada. “Nunca se informó cuándo se cambió el cartel ni por qué medio. La Municipalidad no pudo acreditarlo”, afirmó. Multas elevadas y malestar social Cada una de las infracciones rondaba los 100 mil pesos, lo que generó un fuerte impacto económico en los conductores. “Había personas con 20 o más multas. Fue una situación masiva”, remarcó. En ese contexto, también se instaló la discusión sobre el objetivo de estos dispositivos. “Siempre queda la duda de si es para prevenir accidentes o con un fin recaudatorio”, planteó. Qué pasa con quienes ya pagaron Gervasoni aclaró que quienes abonaron las multas difícilmente puedan reclamar. “Al pagar, se allanaron a la situación. Pero quienes no lo hicieron podrían iniciar acciones tomando este fallo como antecedente”, indicó. Reclamos por mayor transparencia La abogada también advirtió sobre problemas similares en otros radares instalados en la ciudad y sus accesos. “Hay una falla en la publicidad que demuestra más una intención de sancionar que de prevenir”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que cualquier cambio en los límites de velocidad o en el funcionamiento de los radares debe ser comunicado de manera clara y anticipada. “Si lo que se busca es que la gente cumpla, hay que informar. No se puede cambiar un cartel de un día para el otro sin avisar”, enfatizó. Finalmente, remarcó que la señalización y la difusión son claves para garantizar la legalidad de las multas: “El día que un radar empieza a funcionar, eso tiene que ser comunicado con anticipación. Es la única forma de que el sistema sea justo”. Florencia Gervasoni - Abogada.mp3     repeat play pause stop mute un mute Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.