El Gobierno nacional presentó en el Consejo de Mayo un borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que apunta a derogar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006, y redefinir de manera estructural el funcionamiento del sistema educativo. El proyecto, elaborado por la Secretaría de Educación que encabeza Carlos Torrendell junto al Ministerio de Desregulación, abarca los niveles inicial, primario y secundario, manteniendo sin cambios la Ley de Educación Superior. Uno de los puntos más destacados es la incorporación formal del home schooling como modalidad educativa reconocida. La propuesta habilita que los estudiantes puedan formarse en el hogar y acreditar avances mediante exámenes periódicos, sin fijar una edad mínima. También se incluyen alternativas como la educación híbrida y la educación a distancia. Otra modificación clave es la posibilidad de que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar, reabriendo un debate histórico sobre la laicidad en el sistema educativo.   Además, el proyecto impulsa una profunda autonomía institucional, permitiendo que cada escuela diseñe planes de estudio propios según su ideario, siempre que respeten los contenidos mínimos comunes definidos a nivel nacional. En este sentido, el Estado conservará la potestad de otorgar validez nacional a los planes y de llevar un Registro Nacional de Planes de Estudio. En materia de tiempos escolares, el borrador reemplaza la referencia a “días de clase” por horas anuales mínimas: 540 horas para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria. Aunque estos mínimos son menores a las metas acordadas por el Consejo Federal de Educación en 2024, cada institución podrá organizar su calendario según su proyecto pedagógico. El texto también introduce cambios en la evaluación. Mantiene las pruebas nacionales, pero amplía su alcance: serán anuales y censales en el último año de primaria y secundaria, e incluirán no solo aprendizajes, sino también el desempeño docente y directivo. Se habilita además la publicación de resultados por escuela, aunque sin datos que identifiquen a alumnos o docentes.   Otro de los puntos que genera discusión es el enfoque del financiamiento educativo. El proyecto elimina la meta histórica del 6% del PBI e instala un rol “subsidiario” del Estado, priorizando asignaciones directas a familias mediante becas, vales educativos o créditos fiscales. Tanto escuelas públicas como privadas accederían a financiamiento con los mismos criterios. Para la gestión escolar, se contempla un modelo en el que los directores asumen mayor responsabilidad: podrán proponer la contratación o separación de personal y deberán garantizar la participación de las familias mediante consejos escolares de padres. En relación a los docentes, se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y se establece que la estabilidad laboral estará vinculada al desempeño y la formación continua. Habrá evaluaciones obligatorias cada cuatro años como máximo. El borrador también menciona a los alumnos con necesidades específicas, incluyendo a quienes tienen discapacidad, altas capacidades, o pertenecen a modalidades rurales, hospitalarias o en contexto de encierro. Aunque el proyecto mantiene la gratuidad de la educación obligatoria, deja de definir a la educación como “bien público” y pone el foco en una lógica donde el rol primario recae en la familia y la intervención estatal se justifica solo cuando los actores sociales no puedan garantizar el derecho a la educación. Mientras continúa la discusión interna en el Consejo de Mayo, desde el Ministerio de Capital Humano aseguran que se trata de un borrador sujeto a cambios, pero reconocen que la iniciativa busca replantear de raíz el modelo educativo argentino.
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