En un comunicado reciente, FESTRAM advertía a los Intendentes y Presidentes Comunales para que “se preocupen y ocupen en participar en defensa de los recursos económicos de sus comunidades”, frente a los “canto de sirenas” de cierta dirigencia política que plantea a la autonomía como la solución a casi todos los males que sufren las ciudades y por lo tanto avanzan en la Convención Constituyente sin aclarar de donde saldrán los fondos, características de la misma, alcances y por sobre todo diferencias en su implementación entre localidades grandes y pequeñas con las consecuencias que eso puede tener. Los titulares de los ejecutivos locales deberían saber que hoy, y sobre este tema en particular, el silencio no es salud sino complicidad y que las consecuencias de no tomar postura, implicará un impacto brutal sobre los recursos y posibilidades de gestión de sus administraciones. Se ha conocido en las últimas horas, una propuesta concreta, presentada por Mesa de Entrada de la Convención, en donde se hace expresa mención a que “en las comunas y municipios se olvidaron de lo que es el respeto inamovible de la propiedad privada y el respeto por la propiedad preexistente.” Es decir, las instituciones que responden a las patronales del campo y sus representantes en lo político, buscan limitar y/o eliminar todo tipo de impuestos a los emprendimientos rurales, lo cual desfinancia especialmente a las Comunas y le pone límites concretos a las Ciudades. Esta es la gravedad de lo que está en juego en esta Convención y venimos señalando. Hay intereses económicos precisos, que tras el discurso de reducir el control o las atribuciones de los estados locales, buscan preservar y acrecentar sus ganancias. Es tal el avance en la materia que los proyectos de referencia plantean cuestionamientos a los ¨límites agronómicos” –tema ya zanjado por la Justicia en nuestra provincia defendiendo la salud y la vida de la población contra los intereses explicitados entre otros por la Sociedad Rural- tratando de darle un rango constitucional a sus iniciativas argumentando “desconocimiento o sesgo ideológico” en las resoluciones en dicha temática. ¿Frente a una Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya fijó precedente con la inconstitucionalidad del DREI y la Tasa por hectárea, hasta cuándo los intendentes y presidentes comunales van a permanecer callados, siendo funcionales al despojo que se avecina?
Festram
Silvina Bravino
