En los últimos días, Estados Unidos fue escenario de un intenso debate sanitario que vinculó al paracetamol y a la vacuna contra el Covid con supuestos riesgos graves para la salud, aunque sin respaldo científico definitivo. El primero de estos casos surgió cuando autoridades vinculadas al gobierno de Donald Trump advirtieron sobre un posible vínculo entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y un aumento de casos de autismo. El anuncio, replicado por numerosos medios, careció de datos concluyentes, y no se precisaron dosis, mecanismos o estudios que sustenten la afirmación. En una conferencia, el presidente Trump sugirió limitar el uso del medicamento a casos de fiebre muy alta, mientras que su argumento incluyó un dato polémico: mencionó que en Cuba no hay casos de autismo porque no se consume Tylenol, aunque no presentó evidencia científica sobre ello. En paralelo, circuló una versión periodística que señalaba un vínculo entre la vacuna de ARN mensajero contra el Covid-19 y la muerte de 25 menores de edad. La noticia, basada en fuentes no confirmadas, generó inquietud global. Sin embargo, las autoridades no hicieron un anuncio formal y solo modificaron la política de obligatoriedad de la vacuna, dejando su aplicación a criterio individual tras la valoración de riesgos y beneficios. Estos episodios dejaron un saldo de desconcierto entre la población. Mientras algunos medios amplificaron las versiones, fabricantes y expertos independientes desestimaron las afirmaciones por falta de pruebas sólidas. El resultado fue una creciente incertidumbre, que pone en debate no solo la evidencia científica sino también el impacto de la difusión de información preliminar en la toma de decisiones de la ciudadanía. La discusión abre interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades y los medios, y sobre cómo las dudas, aunque no confirmadas, pueden influir en hábitos de salud pública: desde la decisión de tomar o no un medicamento durante el embarazo, hasta la aceptación o rechazo de vacunas infantiles.