La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, conducirá esta tarde, desde las 18.30, una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque para ordenar el temario de la sesión prevista para el jueves. El eje estará puesto en los intentos de la oposición por rechazar los vetos presidenciales a dos normas que ya habían sido sancionadas en agosto con amplias mayorías: la declaración de emergencia pediátrica, con el hospital Garrahan como emblema, y la ley que garantiza fondos a las universidades públicas. En paralelo, podría sumarse al temario una iniciativa presentada por el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, que busca declarar al sistema nuclear argentino como un bien público, estratégico e inenajenable. Para habilitar su debate sobre tablas se necesitarán dos tercios de los votos, algo que distintas bancadas opositoras anticiparon estar dispuestas a acompañar. Mayans argumentó que la eventual privatización del sistema nuclear, mencionada por el Ejecutivo, sería “gravísima”. En el recinto, advirtió: “El proyecto CAREM es estratégico para el país. Si hasta Coca Cola protege su fórmula, ¿cómo no vamos a proteger algo único a nivel mundial? Ni por mil millones de dólares se puede vender esto. Debe ser controlado siempre por el Estado argentino”. Las dos leyes vetadas no tendrían mayores obstáculos para ser reeditadas. En su votación original, la emergencia pediátrica reunió 62 votos a favor y el blindaje presupuestario universitario alcanzó 58, en ambos casos sobre un total de 72 senadores. En aquella sesión, los rechazos provinieron del bloque libertario y algunos aliados circunstanciales del oficialismo, con ausencias y abstenciones puntuales. A diferencia del proyecto del Garrahan, la norma universitaria contó con más abstenciones y votos negativos, principalmente del radicalismo alineado con Patricia Bullrich. Además de estas discusiones, otros temas pendientes podrían incorporarse al debate legislativo: dos acuerdos internacionales sobre doble imposición tributaria y el traspaso a ley del sistema de Alerta Sofía, que regula la búsqueda de personas desaparecidas.
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