La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a partir de una investigación que detectó pagos sin documentación válida y el uso de facturas presuntamente apócrifas, con un perjuicio fiscal estimado en más de 375 millones de pesos.
Según informaron fuentes judiciales, la presentación se originó tras tareas de fiscalización y análisis realizadas por el organismo, que detectaron salidas de fondos sin respaldo en operaciones reales, lo que podría configurar un delito tributario. La denuncia fue elevada a la Justicia federal junto con documentación técnica, informes bancarios y resoluciones administrativas.
La investigación alcanzó a operaciones realizadas por la AFA —presidida por Claudio “Chiqui” Tapia— entre marzo de 2023 y junio de 2025, período en el cual se habrían registrado pagos a proveedores que no contaban con capacidad económica ni estructura operativa acorde a los servicios facturados.
De acuerdo al relevamiento de ARCA, varios de los proveedores observados integran la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa firmas consideradas inexistentes, irregulares o sin actividad real. En muchos casos, se constató que las empresas no tenían empleados registrados, infraestructura, activos ni antecedentes comerciales compatibles con los montos facturados.
El organismo explicó que el análisis no se limitó a la revisión de comprobantes, sino que incluyó inspecciones presenciales, verificaciones de domicilios, cruces de información bancaria y requerimientos a entidades financieras. En ese marco, se detectaron domicilios inexistentes o viviendas particulares sin actividad comercial, además de movimientos financieros atípicos, como retiros inmediatos de fondos y circuitos cerrados de dinero.
Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó resoluciones administrativas que determinaron ajustes en el Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas y en el IVA, los cuales fueron notificados electrónicamente a comienzos de 2026. La AFA rechazó esas liquidaciones, lo que derivó en la apertura de un procedimiento determinativo de oficio, una instancia que permite profundizar la revisión fiscal.
En paralelo, nuevos cruces sistémicos ampliaron la investigación a otros proveedores y operaciones, lo que incrementó tanto el período analizado como el monto bajo estudio. De manera preliminar, los ajustes fiscales determinados superan los 375 millones de pesos, cifra que no incluye intereses ni eventuales sanciones y que podría incrementarse a medida que avance el proceso.
Desde ARCA sostienen que no se trata de errores aislados, sino de un patrón repetido durante varios ejercicios fiscales, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra destinada a reducir la carga tributaria mediante gastos sin sustento real. En ese sentido, remarcaron que la existencia de una factura no basta para justificar un gasto si no se acredita la efectiva prestación del servicio y la capacidad económica del proveedor.
El expediente ya fue puesto a disposición del juez interviniente y la causa se encuentra actualmente en etapa de instrucción, sin imputaciones penales formales hasta el momento. No obstante, desde el ámbito judicial señalaron que la investigación podría ampliarse si surgen nuevos datos, proveedores o circuitos financieros bajo sospecha.
Mientras tanto, la AFA continúa ejerciendo su derecho de defensa en las instancias administrativas y judiciales, en una causa que se perfila como una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años por el volumen económico involucrado y el alto perfil institucional de la entidad.
