En un paso histórico para América Latina, el Senado uruguayo aprobó este miércoles el proyecto de ley “Muerte digna”, convirtiendo al país en el tercero de la región en permitir la eutanasia, tras Colombia y Ecuador. La iniciativa, que ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en agosto, fue aprobada con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.
La ley despenaliza la muerte asistida bajo condiciones específicas, garantizando la voluntad del paciente y estableciendo un marco de seguridad legal y médica. Entre los requisitos se incluyen ser mayor de edad, ser ciudadano o residente en Uruguay y estar psíquicamente apto, con una patología incurable en etapa terminal o que cause sufrimientos insoportables y grave deterioro de la calidad de vida.
En caso de que un médico rechace la solicitud de eutanasia, el paciente podrá dirigirse a otro profesional. Si la negativa persiste, se convocará a una junta médica integrada por tres especialistas, incluyendo un psiquiatra y un experto en la enfermedad del solicitante. Las instituciones médicas también podrán declinar realizar el procedimiento.
La ley establece que el procedimiento solo podrá ofrecerse a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mutualistas, seguros privados, el Hospital de Clínicas, la Sanidad Militar y la Sanidad Policial, mientras que las clínicas privadas quedan excluidas. Legalmente, la eutanasia se considerará como una muerte natural.
Florencia Salgueiro, activista de la agrupación Empatía, destacó que la norma respeta “la voluntad de un adulto de poner fin a su sufrimiento”, un derecho que su padre, afectado por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), no pudo ejercer antes de fallecer.
El apoyo social también se refleja en los números: una encuesta de la consultora Cifra realizada en mayo mostró que el 62% de los uruguayos está a favor de la legalización de la eutanasia, mientras que solo un 24% se opone.
El Colegio Médico uruguayo mantuvo una posición neutral, brindando asesoramiento durante todo el proceso para garantizar seguridad a pacientes y profesionales. Por su parte, la Iglesia Católica y distintas organizaciones manifestaron su rechazo, calificando la redacción del proyecto como “deficiente y peligrosa”.
Con la aprobación de esta ley, Uruguay se suma a países como Canadá, España, Holanda y Nueva Zelanda, consolidando su historial de legislación liberal en derechos civiles y salud, que incluye la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
