Tras el conmocionante homicidio del adolescente de 13 años Ian Cabrera y dos tentativas de homicidio ocurridas el lunes 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal, se multiplicaron en toda la provincia de Santa Fe las amenazas en establecimientos educativos. Carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos —en algunos casos acompañados por armas reales, réplicas o material balístico— encendieron las alarmas y derivaron en una intervención coordinada del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según un comunicado oficial del organismo, hasta el 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias en toda la provincia. De ese total, 35 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 5, cuya sede principal se encuentra en Rafaela y cuya jurisdicción abarca, además del departamento Castellanos, los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio, junto con algunas localidades del departamento Las Colonias.
En el mismo informe se detalla que, dentro de la Regional 5, fueron identificadas al menos 14 personas como presuntas responsables de las amenazas. A nivel provincial, la cifra asciende a 73 individuos, de los cuales cerca del 95% son menores de edad, lo que refuerza la preocupación por la participación de adolescentes en este tipo de hechos.
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Investigación en curso y medidas adoptadas
Desde el MPA indicaron que todas estas situaciones son consideradas delitos y están siendo investigadas por fiscales en las distintas regiones. En ese marco, se avanza en la individualización de autores, con medidas que incluyen detenciones, allanamientos de viviendas, requisas domiciliarias y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
Hasta el momento, en toda la provincia se llevaron a cabo 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias. Como resultado, se incautaron alrededor de 51 elementos, entre ellos armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopeta percutidos y proyectiles calibre 22.
La distribución de denuncias por región da cuenta de la magnitud del fenómeno: 75 en la Fiscalía Regional Nº 1; 238 en la Nº 2; 33 en la Nº 3; 23 en la Nº 4; y las ya mencionadas 35 en la Nº 5.
Llamado a la responsabilidad de los adultos
Ante este escenario, el Ministerio Público de la Acusación hizo especial hincapié en la responsabilidad de los adultos en la prevención de estos hechos. En particular, solicitó a padres, familiares y cualquier persona a cargo de menores extremar las medidas de seguridad en la tenencia de armas de fuego o material balístico.
El organismo remarcó que estos elementos deben permanecer bajo llave, en lugares seguros y completamente fuera del alcance de niños, niñas y adolescentes, conforme a la normativa vigente. La correcta guarda de armas, señalaron, es un factor clave para evitar situaciones de riesgo y posibles consecuencias graves.
El avance de las investigaciones y la alta proporción de menores involucrados configuran un escenario complejo, en el que la prevención, el control familiar y la intervención judicial aparecen como ejes centrales para frenar la escalada de amenazas en el ámbito escolar.
