Este miércoles pasadas las 12 del mediodía, el tribunal emitió su veredicto y resolvió condenar a M.D.P como autor penalmente responsable de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravados por la convivencia persistente con las víctimas, quienes eran menores de edad. Ambos hechos también fueron calificados como corrupción de menores.
El proceso judicial había comenzado el martes pasado, en los Tribunales de Rafaela, con la participación de la fiscal Gabriela Lema en representación del Ministerio Público de la Acusación, y la defensa a cargo de la abogada Amalia Cassina. El tribunal estuvo integrado por los jueces Nicolás Stegmayer, Juan Gabriel Peralta y Javier Carlos Bottero.
Durante los alegatos de apertura, la fiscal Lema había expuesto que los abusos ocurrieron entre los años 2019 y 2022, cuando el acusado convivía con las víctimas y la madre de las victimas en una misma vivienda. Según la acusación, los episodios se repitieron en diversas oportunidades, aprovechando momentos en los que la madre no se encontraba en el hogar o estaba ocupada. Las víctimas son un niño y una niña, ambos menores de edad al momento de los hechos.
"Se aprovechó de la relación de confianza y cercanía con los niños", había señalado la fiscal durante su intervención inicial.
A lo largo de la semana pasada, el tribunal escuchó los testimonios de varios testigos, Fiscalía presentó 23 testigos y la defensa 10 entre ellos, parientes, los encargados de cámara Gesell, maestros, médicos, psicólogos y se incorporaron al expediente pericias médicas, psicológicas e informes que —según sostuvo la Fiscalía— respaldaban la acusación. El Ministerio Público solicitó una pena de 21 años de prisión.
Finalmente, los magistrados establecieron una pena de 21 años de prisión de efectivo cumplimiento, además de ordenar la incorporación del condenado al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la extracción de muestras biológicas para su identificación genética.
