Luego de la audiencia realizada este martes por el crimen de Jeremías Monzón, los fiscales Francisco Cecchini y Luis Schiappa Pietra brindaron declaraciones en las que confirmaron que el juez interviniente dispuso una serie de medidas judiciales respecto de los dos menores de 14 años involucrados en el hecho. Sin embargo, aclararon que el proceso se encuentra alcanzado por un deber de confidencialidad impuesto por el magistrado, lo que impide dar precisiones sobre el contenido de lo resuelto.
Cecchini explicó que la confidencialidad abarca tanto las medidas adoptadas como el desarrollo completo de la audiencia. “No es un acuerdo entre las partes, sino una obligación judicial que debemos respetar”, señaló. Aun así, indicó que hubo un acuerdo generalizado entre las partes, con la participación de las defensas, la representación de las víctimas, el Ministerio Público Fiscal y áreas del Poder Ejecutivo.
Según detallaron los fiscales, las medidas dispuestas están expresamente previstas en el Código Procesal Penal Juvenil y fueron trabajadas de manera conjunta entre los distintos actores institucionales. “Se utilizaron todas las herramientas que brinda el Código y se logró un acuerdo que dejó conformes a las partes”, afirmó Cecchini, aunque reiteró que no puede profundizar en los detalles.
Por su parte, Luis Schiappa Pietra remarcó que las decisiones adoptadas fueron pensadas “fundamentalmente en resguardar los intereses de las víctimas”, sin afectar el principio de no punibilidad que rige para menores de esa edad. En ese marco, sostuvo que se trató de una audiencia “muy satisfactoria” desde el punto de vista del Ministerio Público.
Los fiscales confirmaron que las medidas ya se encuentran vigentes, son controladas por el Poder Judicial y ejecutadas por áreas específicas del Poder Ejecutivo, tal como lo establece la ley. Asimismo, destacaron el trabajo articulado entre la Justicia, los organismos de niñez y las áreas de seguridad.
Finalmente, los fiscales subrayaron que la audiencia permitió mostrar que, aun en causas de extrema gravedad, es posible coordinar acciones institucionales y adoptar medidas judiciales dentro del marco legal vigente, garantizando derechos y resguardos, mientras la causa continúa su curso en el ámbito judicial.
