"El argumento principal que podemos mencionar es el desprecio del imputado a los mandatos judiciales". La frase, en boca de la fiscal Analía Abreu, resumió la línea acusatoria contra Ariel Germán González, un rafaelino de 26 años que quedó preso sin plazos, tras una resolución adoptada en el anochecer de este viernes en una audiencia realizada en tribunales.
El caso parecía simple y casi inocuo. Casi. Una patrulla policial que el 9 de abril pasaba, a las 2 de la mañana, por calle Chile, detectó una bicicleta en estado de abandono en una vereda de Chile al 300.
Los policías tocaron la puerta del domicilio donde estaba la bicicleta. A esa hora de la madrugada, la mujer que los atendió dijo que no tenía idea de a quién pertenecía la bici. Pero enseguida salió un vecino que pidió a los policías que entraran a su casa: había escuchado ruidos en el techo.
Los agentes sorprendieron a González en el techo de la vivienda, ocultándose detrás de un tanque de agua. Estaba acostado. Lo conocían: González es un "reiterante" con varias entradas en las comisarías rafaelinas. A tal punto que la fiscal Abreu recordó que el 30 de marzo fue presentada una acusación contra él por cinco hechos delictivos por el que le pedirán 3 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.
A González lo liberaron bajo medidas alternativas el 1 de abril. No llegó a los diez días sin perpetrar un nuevo ilícito. "Cometí un error, me quedé dormido en el techo ese, pero no estaba queriendo robar", dijo el acusado.
Sonó poco creíble. El juez Bumaguin interpretó que claramente el accionar de González configuraba un delito en sí mismo: "supongo que a las 2 de la mañana no andaba ajustando chapas ni impermeabilizando el techo", ironizó, picante y con sentido común.
Como González también pidió que lo liberaran para seguir trabajando con su padre en la cooperativa que repara el empedrado en la plaza 25 de Mayo, el magistrado le recordó que debió pensarlo antes: "no tengo la culpa de que pierda su trabajo por su propio accionar", le reprochó.
Así, si bien la violación de domicilio es un delito menor, la circunstancia de que efectivamente el imputado haya desconocido los mandatos legales que se le impusieron terminaron por fundamentar el fallo de Bumaguin: prisión preventiva sin plazos mientras dure el proceso.
