El Juez Gustavo Bummaguin condenó a Miguel Alberto Olivares a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, luego de hallarlo culpable de los delitos de estafa en concurso ideal con acceso ilegitimo a sistema o dato informático y uso de documentos falsos destinados a acreditar la identidad de las personas en concurso real con estafa en carácter de coautor.
Olivares, de 62 años, es uno de las casi 45 personas acusadas de ser los responsables de integrar una banda que estafó a las firmas Sucesores de Alfredo Williner y Las Taperitas por más de 170 millones de pesos. Esta mañana, en los Tribunales de Rafaela, aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado del que participaron el Fiscal Guillermo Loyola y el Dr. Carlos Farías Demaldé en representación de la parte Querellante. Amalia Cassina, del SPPDP, actuó como defensora.
Fiscal Loyola, sobre la estafa a empresas rafaelinas: "todas las líneas de la investigación están abiertas"
Como quedó demostrado en la investigación, entre el 2 de enero y el 23 de ese mismo mes, mediante diversas maniobras (que incluyeron hacerse pasar por integrantes del Directorio de las empresas y utilizar documentos adulterados) lograron acceder a las cuentas bancarias de las lecheras y transferir grandes sumas de dinero a las cuentas del resto de los integrantes de la organización.
Por este mismo caso, ya se encuentra condenado Marcelo Castro (44 años), también sindicado junto a Olivares, de presentarse en la sucursal bonaerense del banco con el que operaban las firmas y fingir ser representantes legítimos de las mismas para cambiar las claves de homebanking y la tarjeta de coordenadas y realizar diversas transferencias de dinero.
La "inversión" que dejó al descubierto toda la maniobra
Cuando se formalizó la denuncia por parte de las víctimas, los investigadores empezaron a desandar un camino sinuoso, lleno de consultas a sistemas informáticos, cámaras de seguridad, cuentas bancarias, cruces telefónicos y otras cuestiones similares. Siempre aparecía el nombre de la víctima cuya identidad fue usurpada (se trata de un ex empleado de la empresa), e incluso la cara del estafador, reflejada en un documento apócrifo. Pero no había un nombre y apellido para ponerle a ese usurpador.
Así fue hasta que los investigadores pusieron el foco en una de las operaciones concretadas. Así cayó Castro y el resto de los involucrados, cuando los investigadores pudieron ponerle su nombre a la compleja maniobra que había perjudicado a las empresas rafaelinas.
