La causa que se desprende del reciente operativo antidrogas en Frontera tuvo este viernes un giro clave en los tribunales de Rafaela: la Justicia provincial se declaró incompetente y ordenó remitir las actuaciones al fuero federal, al tiempo que dispuso la libertad de la imputada.
La audiencia de atribución imputativa y prisión preventiva se realizó el 20 de marzo en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGJ) del Distrito 5. El juez Javier Carlos Bottero resolvió finalmente apartarse del caso por una cuestión de competencia material.
Fuerte planteo de la Fiscalía: comercialización, organización y riesgos procesales
Durante la audiencia, la fiscal Analía Elizabeth Abreu desarrolló un extenso argumento para sostener el pedido de prisión preventiva de Karen Paez.
En primer lugar, encuadró el caso dentro de una investigación más amplia por microtráfico, en la que —según explicó— se trabajó de manera articulada con fuerzas federales. Señaló que el procedimiento en Frontera no fue aislado, sino el resultado de tareas investigativas que incluyeron seguimientos, recolección de información y análisis de comunicaciones.
Sobre los allanamientos, detalló que se secuestraron “ladrillos” de marihuana, cocaína, dinero en efectivo —principalmente en billetes de baja denominación—, balanzas de precisión y teléfonos celulares, todos elementos que, a su criterio, son indicativos claros de comercialización y no de consumo personal.
Además, sostuvo que el domicilio allanado no funcionaba como vivienda habitual, sino como un punto de venta de estupefacientes. En ese sentido, remarcó que al momento del procedimiento no se encontraba la imputada, sino menores de edad, lo que —según indicó— agrava el contexto por la situación de vulnerabilidad.
La fiscal también introdujo un elemento clave: la existencia de una investigación en la Justicia Federal donde se analiza a la imputada por presuntas maniobras vinculadas a la venta de droga, incluyendo referencias a contactos, precios y movimientos detectados a través de su teléfono celular. Esto, afirmó, evidencia una estructura de comercialización más amplia.
En cuanto a los riesgos procesales, Abreu fue contundente. Sostuvo que existió una conducta compatible con la fuga, al señalar que la imputada no estuvo en su domicilio durante varios días mientras era buscada. También advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento probatorio, dado que la investigación continúa y podría verse afectada por la libertad de la acusada.
Finalmente, subrayó que, por la gravedad del delito y la pena en expectativa, no corresponde una condena de cumplimiento condicional, lo que refuerza —según su postura— la necesidad de la prisión preventiva.
La defensa: cuestionamientos a la prueba, a la calificación y a la competencia
Por su parte, el defensor Federico José Scarinci realizó un planteo integral, atacando tanto la calificación legal como la competencia del tribunal.
En relación a la imputación, sostuvo que no se puede acreditar la comercialización de estupefacientes con el grado de certeza requerido en esta etapa. Afirmó que el material secuestrado no permite, por sí solo, imputar la existencia de una actividad de venta organizada, y que, en todo caso, podría discutirse una figura menor como la tenencia simple.
También cuestionó la calidad de la investigación, señalando deficiencias en los informes posteriores a los allanamientos y la falta de elementos que vinculen directamente a su defendida con maniobras concretas de comercialización. Incluso planteó que la autoría del hecho es “sumamente discutible”.
Otro de los ejes centrales de su exposición fue la competencia. Scarinci argumentó que, al existir una investigación en curso en la Justicia Federal sobre los mismos hechos o hechos conexos, la causa debe tramitar en ese fuero. Citó la normativa vigente y sostuvo que hay una “conexidad objetiva” que impide que la Justicia provincial continúe interviniendo.
En cuanto a los riesgos procesales, rechazó de plano los argumentos de la Fiscalía. Aseguró que su defendida nunca estuvo prófuga, ya que no existía una orden de detención en su contra. Explicó que el hecho de no encontrarse en el domicilio al momento del allanamiento no implica fuga.
Además, destacó que la imputada tiene domicilio conocido, arraigo —incluyendo hijos a cargo— y que incluso se puso a disposición de la Fiscalía horas después del procedimiento. También negó la existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio.
Como alternativa, solicitó la libertad bajo medidas cautelares menos gravosas y, subsidiariamente, la prisión preventiva domiciliaria.
Réplicas y debate sobre la competencia
En la instancia de réplicas, la fiscal Abreu reforzó su postura, insistiendo en que no se trata de una tenencia simple, sino de una actividad de comercialización, apoyándose en la cantidad de droga secuestrada, el dinero, los elementos de fraccionamiento y el contexto general del caso.
También volvió a poner el foco en la protección de los menores y en la necesidad de garantizar que la investigación no se vea afectada.
Por su parte, la defensa reiteró que la hipótesis de fuga es una “conjetura” y que la falta de orden de detención previa invalida ese argumento. Asimismo, insistió en que la causa debía ser remitida a la Justicia Federal.
La resolución: incompetencia y libertad
Finalmente, el juez Javier Carlos Bottero resolvió declararse incompetente para intervenir en la causa, al considerar que corresponde su tratamiento en la órbita federal.
En consecuencia, ordenó remitir las actuaciones de manera urgente a la Justicia Federal y dispuso la libertad de la imputada.
La decisión introduce un cambio sustancial en el rumbo de la investigación iniciada tras los allanamientos en barrio San Javier, donde la Policía Federal Argentina había desarticulado presuntos puntos de venta de droga.
Ahora será la Justicia Federal la encargada de profundizar la investigación y determinar la eventual responsabilidad penal en un caso que, por su complejidad, podría escalar en su alcance.
