La Sede Fiscal Descentralizada Rafaela del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del Fiscal Federal Gustavo Onel, avanzó en la formalización de una investigación penal contra Á. N. C., oriundo de la provincia de Buenos Aires, por un presunto caso de transporte ilegal de fauna silvestre y maltrato animal. La audiencia se llevó a cabo ante el Juez Federal de Garantías Aurelio Cuello Murúa, con la participación del Fiscal Coadyuvante Federico Grimm y el Auxiliar Fiscal Pablo Micheletti. El imputado fue representado por abogados privados. Asistió virtualmente además personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de Santa Fe.
Según la Sede Fiscal, el imputado habría trasladado el pasado 11 de febrero de 2026, antes de las 05:40 horas, un total de 550 animales de diversas especies, presuntamente capturados mediante caza furtiva en el norte del país hasta el kilómetro 210 de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad santafesina de Susana. El transporte se realizaba en un camión de su propiedad, en simultáneo con una carga declarada de cáscaras deshidratadas de cítricos destinadas a su exportación a Alemania.
Entre los ejemplares hallados se contabilizaron 219 loros habladores, 149 tortugas terrestres y más de 180 aves de distintas especies, como reinas moras, pepiteros de collar, jilgueros y corbatitas overas. Los animales eran trasladados en condiciones extremadamente precarias: hacinados en cajas de cartón y en bolsas arpilleras, sin ventilación adecuada ni acceso a agua, y sometidos a altas temperaturas durante un trayecto de más de 600 kilómetros.
El operativo fue realizado por personal de Gendarmería Nacional de la Sección Seguridad Vial Rafaela en un control vehicular de rutina. Los efectivos detectaron ruidos provenientes de la cabina del camión, lo que derivó en una requisa autorizada judicialmente. Allí se constató la presencia de los animales, muchos de ellos en estado crítico.
Tras el rescate, los ejemplares fueron puestos bajo custodia de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna de Santa Fe y trasladados a la Granja La Esmeralda. Sin embargo, informes oficiales indican que, como consecuencia directa de las condiciones de traslado, murieron 161 animales en las semanas posteriores, pese a la intervención veterinaria.
Los especialistas señalaron que los animales presentaban cuadros severos de estrés, deshidratación, lesiones físicas y deterioro general. En el caso de las aves, se detectaron signos de hipoxia, hipertermia y confinamiento extremo, mientras que las tortugas evidenciaban compresión corporal y dificultades respiratorias.
La Fiscalía sostiene que los hechos encuadran en el delito de transporte de animales provenientes de la caza furtiva, previsto en la Ley 22.421, en concurso con actos de crueldad animal según la Ley 14.346. También se destacó que varias de las especies involucradas están protegidas por normativas nacionales e internacionales, como la Convención CITES, de la cual Argentina forma parte.
Durante el procedimiento, además, se secuestraron un teléfono celular y el camión utilizado para el traslado, estando el primero sujeto a peritajes, mientras que el segundo con destino a su decomiso judicial. Se profundiza la investigación considerando la posible participación de terceros o la posible existencia de una red de tráfico de fauna.
En cuanto a las medidas de coerción, se fijaron medidas alternativas menos gravosas que la prisión preventiva, atendiendo a la falta de antecedentes penales del imputado, la escala penal prevista por los tipos penales involucrados que permitiría la condicionalidad de la pena y el arraigo acreditado por el imputado. El plazo de la investigación penal preparatoria fue fijado en 100 días, con vencimiento el 30 de julio de 2026.
Asimismo, la defensa técnica del imputado solicitó la devolución del camión secuestrado, como así también, la declaración de incompetencia y la remisión del caso a la Justicia provincial, a lo que la Sede Fiscal se opuso a ambas pretensiones y el Juez Federal rechazó las mismas, continuando la investigación en el fuero federal y el vehículo secuestrado preventivamente, atento a tratarse de un bien sujeto a decomiso.
Estuvieron presentes en la audiencia representantes de la Dirección General de manejo sustentable de fauna de la provincia de Santa Fe.
El caso pone nuevamente en foco el impacto del tráfico ilegal de fauna en la biodiversidad y el sufrimiento animal, en un contexto donde estas prácticas continúan representando una amenaza significativa para especies protegidas en el país.
