Tras el traslado del menor desde San Cristóbal hacia un centro especializado en minoridad en la ciudad de Santa Fe, su abogada, Mariana Oroño, se refirió al estado psicológico y emocional en el que se encuentra el joven tras haber asesinado a un compañero de 13 años. Según explicó la letrada, tras mantener las primeras entrevistas, la sensación es que el adolescente aún no logra procesar la magnitud del daño causado.
"Tuvimos oportunidad de hablar con él; creo que está sin comprender todavía acabadamente lo que sucedió y las consecuencias de todo lo que pasó ayer, pero sí manifestó mucho malestar consigo mismo", señaló Oroño. En ese sentido, reveló que el joven ya se encontraba bajo tratamiento psicológico previo al hecho debido a episodios de autolesiones, calificando lo ocurrido como una tragedia "imprevisible" que ha dejado a su familia devastada.
Se descarta el móvil del bullying
Ante las versiones que circularon inicialmente sobre un posible caso de acoso escolar como detonante, la abogada fue tajante al desmentirlo. Tras indagar tanto con los padres como con el propio adolescente, no se encontraron evidencias de que sufriera bullying.
Oroño interpretó, en base a sus diálogos con el menor, que el ataque respondió a otras cuestiones internas: "Es una sensación de no encajar, una disconformidad con la sociedad y consigo mismo que se manifestó de la peor manera", explicó la abogada durante la entrevista.
Situación judicial y régimen de minoridad
Respecto al proceso legal, la defensa confirmó que el joven permanece alojado en un centro especializado bajo custodia, luego de una audiencia en la que el juez autorizó su permanencia en dicho establecimiento. Se espera que entre el jueves y el viernes se realice la audiencia de atribución de cargos, el equivalente a la imputativa en adultos.
Sin embargo, debido a los plazos de vigencia de las leyes, el adolescente no será punible. "Él está bajo el régimen anterior. La nueva ley se publicó a principios de marzo con un plazo de entrada en vigencia de 180 días, por lo cual aún no rige. El hecho queda encuadrado en la vieja legislación que determina la punibilidad a partir de los 16 años", detalló Oroño.
El futuro del menor dependerá ahora de las evaluaciones de un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. A partir de sus conclusiones, la justicia evaluará la posibilidad de una internación en un régimen cerrado dentro de una institución adecuada para el tratamiento de la patología que se le determine.
