La cobertura de cargos en el Poder Judicial santafesino atraviesa una crisis estructural. En toda la provincia hay actualmente casi 100 vacantes de jueces, a lo que se suman más de 30 cargos de fiscales y 18 de defensores sin designar. La situación afecta especialmente a localidades medianas y pequeñas, donde directamente no hay jueces titulares y el servicio de justicia se vuelve intermitente.
Desde el gremio judicial señalaron que la situación es crítica no solo para las magistraturas, sino también para los Ministerios Públicos. “Esto sobreexige a funcionarios que deben cubrir múltiples jurisdicciones, dejando desatendidas sus funciones de origen”, advirtieron. En Reconquista, por ejemplo, los juzgados de Familia, Civil y Comercial y Laboral están vacantes, y deben ser cubiertos parcialmente por magistrados que viajan desde Vera al menos dos veces por semana.
En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación atraviesa una situación similar: se nombraron fiscales subrogantes, pero muchos aún no han jurado. El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal también está debilitado. En el norte provincial se reportaron audiencias suspendidas por falta de defensores, lo que expone la imposibilidad material de asumir varios procesos en simultáneo.
El retraso en las designaciones también golpea a quienes hace más de tres años y medio rindieron concursos y aún esperan el ingreso formal al Poder Judicial. La falta de firmas por parte del Ejecutivo provincial genera incertidumbre y malestar en los aspirantes.
En algunas regiones, como San Cristóbal, directamente no hay jueces en áreas clave como Familia o lo Civil y Comercial. Esa ausencia obliga a jueces de otras localidades a trasladarse para cubrir funciones esenciales, con todas las dificultades logísticas y humanas que eso conlleva.
Los representantes judiciales coinciden en que no cubrir estos cargos es una decisión que deteriora el acceso a la justicia. Se trata de funciones irremplazables, cuyo vacío compromete no solo el trabajo interno del sistema, sino también el derecho de la ciudadanía a un proceso justo y en tiempo razonable.
