Así fue el llamado anónimo al 911 que dio inicio a una investigación sobre un domicilio ubicado en Eva Perón al 1900. El Juez dictaminó la prisión preventiva un hombre de 31 años que vivía en el lugar.

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En una reciente audiencia imputativa, Franco Ezequiel Piedrabuena, de 31 años, fue acusado por la fiscal Analía Abreu de ser el responsable de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El hecho ocurrió el pasado 4 de abril, cuando, tras un allanamiento en el barrio 17 de Octubre, la Policía de Investigaciones encontró 54 envoltorios de cocaína fraccionada (un total de 10 gramos), además de celulares, tablet, dinero en efectivo (62 mil pesos) y varios elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, como nylon, cucharas, bicarbonato, y frascos con vestigios de sustancias ilícitas.

La fiscal detalló durante la audiencia que el operativo se llevó a cabo tras una denuncia anónima al 911, que señalaba la venta de droga en la casa de Piedrabuena, en Eva Perón al 1900. La llamada, según Abreu, afirmaba: "Vende para Yiyo Ramallo porque le debe plata", lo que desató la investigación. A través de tareas de campo, se pudo confirmar la denuncia con más de 20 registros fílmicos que mostraban a "clientes" subiendo las escaleras del inmueble y realizando transacciones de estupefacientes en una ventana con celosía, según relató la fiscal.

Como agravante, Abreu destacó que Piedrabuena tiene antecedentes penales, entre ellos, una condena de 3 años de prisión por transporte de estupefacientes en grado de tentativa, y que además está imputado por 5 hechos de lesiones leves y amenazas con armas hacia su pareja, quien vivía en la misma casa donde se halló la droga. Pese a que había una orden de restricción de acercamiento hacia su pareja desde mayo de 2025, Piedrabuena continuaba frecuentando el domicilio. En este sentido, la fiscal consideró que el imputado podría haber estado ejerciendo presión sobre su pareja, quien, según la acusación, sería una persona vulnerable y, posiblemente, víctima de violencia de género.

Con estos antecedentes, la fiscal solicitó la prisión preventiva, argumentando que la gravedad del delito, la existencia de antecedentes penales y la posibilidad de fuga, justificarían dicha medida. Además, la fiscal señaló que Piedrabuena podría intentar interferir en el proceso si continuaba en libertad.

Por su parte, los abogados defensores, José María Silvela y Andrés Colón, rechazaron la solicitud de prisión preventiva. Silvela argumentó que no hay pruebas claras de que Piedrabuena estuviera vendiendo drogas en los registros de campo y sostuvo que él no residía en la vivienda allanada, aunque reconoció que frecuentaba el lugar debido a su relación con la mujer. Colón, en tanto, destacó que todo lo secuestrado ya estaba bajo custodia, que no había víctimas directas y que el imputado tenía arraigo familiar y laboral, lo cual, según su defensa, reduce el riesgo de fuga.

Finalmente, el juez Bumaguín, tras evaluar las pruebas presentadas, dictaminó la prisión preventiva para Piedrabuena durante el tiempo que dure el proceso. El juez respaldó la teoría de la fiscal sobre el destino de la droga, observando que todo lo hallado en la vivienda apuntaba a la comercialización de estupefacientes. También coincidió con la fiscal en la vulnerabilidad de la pareja del imputado, lo que podría haber sido aprovechado por Piedrabuena para utilizarla en la venta de drogas. Con esta decisión, se dispuso que el imputado permanezca detenido mientras avanza la causa judicial.

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