Una audiencia cargada de fuertes contrapuntos entre la Fiscalía y la defensa terminó este miércoles con una resolución inesperada: el juez Nicolás Stegmayer rechazó el pedido de prisión preventiva y ordenó la libertad de María Itatí Blanco, una mujer de Sunchales investigada por presunta comercialización de estupefacientes.
La audiencia se desarrolló en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela y estuvo encabezada por el magistrado Stegmayer. La acusación fue sostenida por la fiscal Analia Elizabeth Abreu, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado José María Silvela.
Según expuso la Fiscalía, la investigación comenzó tras un dato surgido en un allanamiento realizado en un domicilio lindero al de Blanco, ubicado en calle Moreno al 500 de Sunchales. A partir de allí se desplegaron tareas investigativas sobre un kiosco que funcionaría como pantalla para la venta de drogas.
La fiscal sostuvo que, de acuerdo con los seguimientos realizados, “constantemente se acercaban jóvenes con problemas de consumo” al lugar. Además, señaló que durante un allanamiento realizado el pasado 2 de mayo se encontraron elementos compatibles con comercialización de estupefacientes.
Entre las pruebas mencionadas, Abreu detalló el hallazgo de envoltorios con cocaína y marihuana, algunos encontrados en el baño y otros en el fondo de una propiedad vecina, dentro de un parrillero. También hizo referencia a la participación del nieto de la acusada, y advirtió que no se descartan nuevas imputaciones.
La representante del MPA pidió la prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales y peligro de fuga. Argumentó además que el domicilio no podía considerarse un lugar seguro para un eventual arresto domiciliario, ya que allí mismo se habría desarrollado la actividad investigada.
Sin embargo, la defensa desmontó punto por punto la teoría fiscal. “El material secuestrado fue mínimo. Estamos hablando de apenas cinco gramos en un envoltorio y dinero que no prueba comercialización”, sostuvo el abogado Silvela, quien remarcó que no se secuestraron balanzas, armas, cuadernos, anotaciones ni otros elementos típicos vinculados al narcomenudeo. También cuestionó duramente la calidad de la evidencia aportada: “No existe una sola imagen donde se vea un pasamanos o una venta concreta”, afirmó.
Durante la audiencia, la defensa exhibió registros de cámaras de seguridad para sostener que el lugar funcionaba efectivamente como kiosco y que las imágenes mostraban personas ingresando y saliendo con mercadería, no operaciones de venta de droga. Además, Silvela apuntó contra los testimonios incorporados por la Fiscalía. Señaló que varios provenían de vecinos molestos por el funcionamiento del kiosco y que se trataba de comentarios indirectos o apreciaciones personales más que de hechos concretos.
En ese marco, también pidió que se tengan en cuenta las condiciones personales de Blanco: tiene 60 años, un 80% de discapacidad, antecedentes de cáncer de útero, cobra una pensión y no posee antecedentes penales. “La comercialización no se presume, se prueba”, insistió el defensor.
La propia imputada tomó la palabra sobre el final de la audiencia y negó las acusaciones. Aseguró que el dinero secuestrado correspondía a pagos que debía realizar y sostuvo que nunca encontró droga dentro de su vivienda.
El momento central llegó con la resolución del juez Stegmayer, quien realizó una fuerte valoración crítica sobre la investigación.“Existen elementos ambivalentes que dan razón parcialmente a las dos partes”, sostuvo inicialmente el magistrado. Luego fue más allá al remarcar que las pruebas presentadas por la Fiscalía no resultaban contundentes. Stegmayer señaló que los testimonios eran principalmente “de oídas” y que no podían ser admitidos como prueba concluyente. También marcó que no se encontraron balanzas, elementos digitales, análisis de llamadas ni fotografías incorporadas formalmente a la investigación. “La cantidad de droga es muy limitada. No puede despacharse la medida de mayor impacto”, afirmó el juez al rechazar la prisión preventiva.
Finalmente, entendió que las medidas alternativas propuestas por la defensa eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales y ordenó la inmediata libertad de Blanco bajo estrictas condiciones.
Entre ellas, deberá:
• Fijar domicilio en Sunchales bajo cuidado de su hija.
• Firmar semanalmente en la comisaría de su jurisdicción.
• Abstenerse de cometer delitos y de consumir estupefacientes.
• No hostigar a las víctimas ni portar armas de fuego.
La causa continuará en etapa investigativa mientras la Fiscalía intenta reunir mayores elementos de prueba para sostener la acusación.
