En una audiencia realizada este lunes 23 de febrero en la Sala 4 de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, el juez de Segunda Instancia Cristian Pablo Fiz resolvió hacer lugar a los recursos de apelación presentados por la defensa de Luis Martín Gigena y Juan Gabriel Gigena y dispuso sustituir la prisión preventiva por un régimen de medidas alternativas.
La causa se tramita bajo la carátula de "Tenencia ilegítima de arma de guerra y tenencia simple de estupefacientes” y tiene su origen en un procedimiento realizado en octubre del año pasado en Mazzi al 900, barrio Mora.
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Los argumentos de la defensa
Durante la audiencia, el defensor Carlos Farias Demalde cuestionó la valoración de los elementos que habían llevado a dictar la prisión preventiva en primera instancia. Sostuvo que el arma de fuego y el material estupefaciente fueron hallados en un domicilio lindero y no en el inmueble donde se encontraban sus asistidos, remarcando que en ese lugar había varias personas.
También puso en duda la solidez del testimonio policial que dio sustento a la imputación, señalando inconsistencias en la descripción del procedimiento y cuestionando que no existan registros fílmicos ni otros elementos independientes que refuercen esa versión.
En relación con los riesgos procesales, la defensa argumentó que no se acreditó un peligro concreto de fuga ni de entorpecimiento probatorio. Destacó que los imputados tienen arraigo familiar y laboral y que, con el paso del tiempo, no se verificó ningún intento de amedrentamiento o interferencia con la investigación.
Por ello, solicitó que se revoque la prisión preventiva y se dispongan medidas alternativas como fijación de domicilio, prohibición de contacto con testigos, presentaciones periódicas ante la autoridad policial y caución.
La postura de la Fiscalía
El fiscal Adrián Darío Soria pidió el rechazo de los recursos. Sostuvo que los hechos que motivaron el procedimiento se originaron en un conflicto previo y que existen elementos que permiten atribuir la coautoría funcional de los delitos investigados.
Remarcó que el arma secuestrada fue determinada como arma de guerra y que se encontraba cargada y en condiciones de uso. También señaló que se incautaron teléfonos celulares cuya pericia aún se encuentra pendiente, lo que —a su criterio— demuestra que la investigación continúa en curso.
En cuanto a los riesgos procesales, entendió que subsiste peligro de entorpecimiento probatorio, especialmente en relación con testigos que aún deben declarar y otras medidas investigativas pendientes.
El análisis del juez
Al resolver, el juez Cristian Pablo Fiz indicó que debía analizar si persistían los riesgos procesales que justificaran mantener la medida de mayor gravedad.
En su exposición, sostuvo que con los elementos reunidos hasta el momento puede inferirse, en grado de probabilidad, la intervención de los imputados en los hechos atribuidos, por lo que la imputación mantiene sustento.
Sin embargo, al examinar el peligro de entorpecimiento probatorio, consideró que no puede fundarse en hipótesis abstractas. Analizó particularmente la situación de los testigos mencionados en la audiencia y entendió que el eventual riesgo puede neutralizarse mediante restricciones concretas.
Asimismo, descartó peligro de fuga.
En consecuencia, el magistrado resolvió hacer lugar a los agravios defensivos y sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.
Entre las condiciones impuestas, dispuso la fijación de domicilio fuera de la ciudad de Rafaela, la prohibición absoluta de ingresar a la ciudad, la prohibición de contacto y/o acercamiento a los testigos, la prohibición de cometer nuevos delitos —especialmente vinculados a tenencia de armas o estupefacientes— y la obligación de presentarse quincenalmente en la comisaría correspondiente a sus nuevos domicilios.
De este modo, los imputados continuarán el proceso en libertad, bajo un estricto esquema de control judicial, mientras la investigación penal avanza hacia nuevas diligencias y eventuales definiciones de fondo.
