Sobre el mediodía de este martes se llevó a cabo en los Tribunales de Rafaela una audiencia de revisión de la prisión preventiva que venía cumpliendo Leonardo Palacios, oficial de la Policía Federal Argentina imputado por una serie de estafas reiteradas contra compañeros de trabajo del Destacamento Rafaela.
La audiencia se desarrolló luego de que el juez Nicolás Stegmayer dispusiera en diciembre pasado la prisión preventiva por 60 días, al considerar acreditada la existencia de “evidencias abrumadoras” en la causa que investiga un sofisticado modus operandi mediante el cual Palacios, de acuerdo con la acusación fiscal, utilizaba su jerarquía para acceder a las tarjetas de crédito de sus subordinados y realizar consumos personales.
Este lunes, tras un acuerdo entre las partes, el magistrado resolvió otorgar la libertad al imputado, aunque bajo estrictas condiciones destinadas a garantizar su sujeción al proceso. Palacios, asistido por su defensor, el penalista Carlos Farías Demaldé, deberá constituir una caución real por un monto de 10 millones de pesos, que tendrá como finalidad resarcir a las víctimas.
Además, se le impuso la obligación de fijar domicilio en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, se le prohibió el ingreso a la ciudad de Rafaela y cualquier tipo de contacto —directo o indirecto— con las víctimas o con testigos de la causa.
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El caso
Palacios está acusado de haber estafado a más de una docena de compañeros a lo largo de varios años, con hechos que, según la investigación, se remontan al menos hasta 2021, aunque las denuncias formalizadas y acreditadas abarcan el período comprendido entre 2023 y febrero de 2025. Hasta el momento, nueve efectivos realizaron denuncias penales, aunque algunos manifestaron que el número de damnificados sería mayor.
La investigación, encabezada por el fiscal Guillermo Loyola (aunque en este acto el expediente estuvo en mano del Dr. Pedro Machado), logró acreditar al menos cinco casos con abundante prueba documental y testimonial. Los perjuicios económicos comprobados superan los tres millones de pesos, aunque la cifra podría incrementarse ya que varios damnificados optaron por resolver los consumos no reconocidos a través de sus entidades bancarias.
En la causa se valoró especialmente que los hechos habrían sido cometidos en el ámbito laboral, aprovechando la autoridad jerárquica del imputado, circunstancia que podría agravar la eventual pena en caso de una condena. La investigación continúa su curso mientras Palacios afronta el proceso en libertad, bajo las condiciones impuestas por la Justicia.
