En una audiencia realizada este miércoles en la sala 3 de los Tribunales de Rafaela, el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Nicolás Stegmayer, dictó la prisión preventiva para José Luis Pizarro, Carlos Barberán y Tomás Valenzuela, imputados como presuntos coautores de comercialización de estupefacientes y tenencia ilegal de armas.
La medida fue solicitada por el fiscal Adrián Soria, quien sostuvo que los tres hombres integraban un punto de venta de droga que funcionaba en una vivienda de barrio Güemes, en inmediaciones de instituciones educativas, sociales y de salud, una circunstancia que agrava la calificación penal.
Los acusados habían sido detenidos el pasado viernes durante un allanamiento realizado en un domicilio de calle Luis Maggi al 1900, procedimiento que había sido informado en exclusiva por Rafaela Noticias. El operativo estuvo a cargo de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).
Allanamiento, droga y armas
Según la acusación fiscal, al momento de irrumpir en la vivienda los efectivos encontraron en el interior a Valenzuela y Pizarro, quienes fueron reducidos en el lugar. En tanto, Barberán intentó escapar, aunque fue interceptado por personal policial cuando procuraba descartarse de una bandolera negra.
Durante la requisa, los agentes secuestraron cocaína fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares, recortes de nylon y bicarbonato de sodio, elementos que para la Fiscalía son compatibles con la actividad de narcomenudeo.
En uno de los bolsillos de Valenzuela se hallaron 23 envoltorios termosellados con cocaína, con un peso cercano a los 9,8 gramos, además de 18.000 pesos en efectivo. En la bandolera que llevaba Barberán fueron encontrados otros 47 envoltorios y uno adicional de mayor tamaño, también con cocaína, con un peso aproximado de 15 gramos en los primeros y 17 gramos en el restante. Junto a ello, se secuestraron 121.500 pesos.
Dentro del inmueble también fueron incautados cinco teléfonos celulares y distintos elementos utilizados, presuntamente, para el fraccionamiento y corte de la droga.
A eso se sumó el hallazgo de armas y municiones. En la vivienda se secuestró una escopeta calibre 16 de doble caño cargada, 25 cartuchos calibre 11.25, un cargador del mismo calibre y cuatro cartuchos adicionales calibre 16. Además, en el frente del domicilio se encontró una vaina servida calibre .32 y en el patio de una casa lindera apareció una pistola calibre 11.25 con cargador colocado y siete proyectiles intactos.
La discusión en audiencia
A partir de esos elementos, la Fiscalía atribuyó a Valenzuela, Pizarro y Barberán el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por realizarse en inmediaciones de establecimientos educativos, asistenciales, culturales o sociales, además de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.
Durante la audiencia, la defensa —a cargo de los abogados José María Silvela y Andrés Colón— cuestionó la calificación legal escogida por el Ministerio Público de la Acusación e intentó que el caso fuera encuadrado en una figura menos gravosa, como la de tenencia simple de estupefacientes.
Los defensores argumentaron que la droga secuestrada estaba destinada al consumo personal de sus asistidos, una versión que fue sostenida también por los propios imputados al momento de hacer uso de la palabra. En esa línea, consideraron que la imputación era “excesiva y desproporcionada” y ofrecieron medidas alternativas para garantizar el avance del proceso sin necesidad de una prisión preventiva.
La resolución del juez
Sin embargo, Stegmayer entendió que el análisis integral de la evidencia no favorecía a los acusados. Entre otros puntos, valoró que los tres se encontraban en la vivienda al momento del allanamiento, que todos aparecen en imágenes incorporadas por la PDI durante tareas investigativas previas y que la droga estaba fraccionada en una cantidad que, a criterio del magistrado, no puede justificarse como de consumo personal.
También ponderó la presencia de recortes de nylon —habitualmente utilizados para confeccionar envoltorios o “bochitas”— y de material de corte, elementos que refuerzan la hipótesis de comercialización planteada por la Fiscalía.
Con esos fundamentos, el juez resolvió dictar la prisión preventiva para los tres imputados. No obstante, instó al fiscal a profundizar la investigación para que la medida cautelar conserve proporcionalidad en el tiempo y a avanzar hacia la acusación formal si la producción de pruebas permite encaminar el caso hacia un eventual juicio.
