En la audiencia de este miércoles en la que se dispuso la prisión preventiva del exjefe de la Alcaidía de Rafaela y dos numerarios que se desempeñaban en la dependencia, hubo una situación en particular que fue epicentro de una investigación judicial en su momento, y que habría sido obstaculizada por el accionar delictivo imputado a los policías que trabajaban en la Alcaidía.
El caso sirvió para ilustrar los peligros que suponen facilitar el acceso de los internos de un establecimiento carcelario a telefonía celular. Hace pocos días el gobierno provincial lanzó con bombos y platillos el anuncio del comienzo de las obras para "El Infierno", la cárcel para presos de alto perfil que se construirá en Piñeiro. El principal objetivo anunciado por la provincia es alojar allí a presos que se han caracterizado por dirigir bandas criminales y ordenar crímenes a lo largo y ancho de la provincia desde la cárcel. La idea es dotar al establecimiento de un aislamiento total respecto del mundo exterior. De hecho, en la gran mayoría de las cárceles de la provincia y del país el principal problema es la corrupción de guardiacárceles que favorecen el ingreso de teléfonos con los cuales los delincuentes encausados pueden mantener vínculos con sus cómplices o con las propias víctimas y testigos de sus casos.
Alcaidía 5 estrellas: un "call center", inversiones en criptomonedas y los "amenities" disponibles
Al exponer en la audiencia de este miércoles, la fiscal Bertero recordó ese objetivo del Estado y lo ejemplificó con lo que ocurría en la Alcaidía, que era todo lo contrario. "No siempre son narcos los que usan los celulares para cometer delitos desde la cárcel", dijo la representante del MPA. Según expuso Bertero, su colega Favia Burella había pedido una requisa en el pabellón donde se encontraba alojado un sujeto acusado de delitos de violencia de género y que cumplía prisión preventiva. La víctima de ese hombre que estaba preso había recibido mensajes amenazantes desde un teléfono celular que su propio victimario operaba desde la Alcaidía.
Burella ordenó que se secuestrara el teléfono desde el que partieron los mensajes. Indubitablemente, eran mensajes personales de un hombre preso, por lo tanto habían salido desde la Alcaidía. Pero el aparato nunca fue hallado. Según los testimonios citados en la audiencia de este miércoles, el propio jefe de la Alcaidía sería el responsable de la provisión del teléfono que utilizaba el hombre que amenazó a su expareja desde la cárcel.
Te estamos llamando
El aparato era un LG de un color azul muy llamativo. "Vayan al pabellón y rescaten ese aparato. Después hagan la requisa, ese teléfono no tiene que aparecer", habría sido la orden de Norberto Núñez, el entonces jefe de la Alcaidía, a sus subalternos.
La segunda de Núñez en la Alcaidía, A.E.C., una de las principales testigos de cargo en esta etapa inicial de la investigación, aseguró haber visto el teléfono en cuestión en el despacho de Núñez. Y el interno técnico en informática que también fue citado como testigo en la investigación contra el jefe de la Alcaidía confirmó que recibió la indicación de borrar el contenido del teléfono. Para cuando su subalterna inmediata le planteó qué hacía ese teléfono en su despacho, el imputado Núñez le dijo que era un teléfono cualquiera, que estaba "confundida".
Sin embarco, la subalcaldesa A.E.C no estaba confundida. Para asegurarse de que no habría más problemas con el vistoso celular, Núñez -siempre según el relato de los hechos que hizo la fiscal Bertero- fue hasta la carpintería de la Jefatura y agarró a martillazos al celular, destruyéndolo y arrojándolo en el espacio destinado a la basura.
Burella nunca pudo hallar el teléfono con el que el interno investigado por violencia de género había amenazado desde la Alcaidía a su víctima. El "servicio (que prestaban supuestamente los policías implicados a los internos a cambio de dádidas en dinero) era completo", dijo la fiscal Bertero: incluía la provisión del celular y el aviso previo de las requisas, para que los aparatos no se encontraran, a cambio de una suma mensual de cien mil pesos.
La pregunta que subyace es: ¿con qué sorpresas se encontrarán los investigadores cuando analicen los teléfonos secuestrados? ¿Se cometieron otros delitos desde la Alcaidía, no necesariamente relacionados con el narcotráfico? Los 58 teléfonos que estaban en el armario del alcalde, ¿funcionaban todos, estaban "liberados" para que se les insertara cualquier chip, de dónde provenían? Será interesante conocer qué avances podrá tener la investigación en las próximas semanas, para saber si sólo se encontró la punta de un ovillo o bien, como planteó la defensa de los imputados, se trata todo de una imputación "desmedida y desproporcionada" que proviene de "falacias y diatribas" atribuibles a un interno con odios personales contra los implicados y a una funcionaria policial no apta para su función.
