Una mujer oriunda de la localidad de Brinkmann ha denunciado ser víctima de una red de violencia institucional y difamación que la ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad, afectando no solo su vida personal y laboral, sino también el vínculo con sus hijos menores de edad. En diálogo con Rafaela Noticias TV, su abogada defensora, Sofía Giustina, detalló la gravedad de los hechos que hoy se encuentran bajo investigación judicial en la Fiscalía de Morteros, señalando un presunto complot entre organismos públicos y el progenitor de los niños.
La historia de Carolina, cuya identidad completa se preserva por seguridad, comenzó hace varios meses cuando acudió a un organismo público en Brinkmann en busca de ayuda. Sin embargo, según relató su representante legal, en lugar de recibir la contención y el acompañamiento que estos espacios deben brindar a las mujeres en situaciones críticas, la denunciante se encontró con difamaciones y una aparente connivencia entre dicha institución y el padre de sus hijos. Esta situación derivó en que la mujer perdiera el contacto con sus niños desde el mes de noviembre, tras una maniobra informal en la que los menores no fueron restituidos luego de un periodo de vacaciones acordado.
Giustina explicó que la violencia institucional se manifestó a través de amenazas y el uso de información falsa para hacer pasar a la madre por una persona sin plenas facultades mentales. Esta campaña de desprestigio tuvo un impacto devastador en el entorno de un pueblo pequeño, donde el rumor circuló rápidamente, impidiéndole a Carolina conseguir empleo o desarrollar actividades cotidianas sin sentirse hostigada. "No es cuestión de arruinar la vida de una persona públicamente, que esta persona no pueda conseguir trabajo o se encuentre incómoda en algo tan básico como salir a la calle", enfatizó la abogada durante la entrevista.
A pesar del difícil panorama, la defensa destacó la buena predisposición de la Fiscalía de Morteros, gracias a cuya intervención se logró la semana pasada una primera revinculación con uno de los niños. No obstante, aún resta regularizar la situación de las niñas que se encuentran en la ciudad de Rafaela. Paralelamente a la vía penal, se están tramitando las causas en el juzgado de familia para obtener el cuidado unilateral de los menores y restablecer los derechos vulnerados de la madre.
El objetivo de dar visibilidad al caso radica en la necesidad de que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios involucrados y se obtengan las disculpas públicas correspondientes. La abogada Giustina hizo un llamado a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares para que no tengan miedo de denunciar, incluso cuando los responsables forman parte de organismos estatales. La búsqueda de justicia continúa con la esperanza de que la objetividad prime en los procesos judiciales y que Carolina pueda recuperar la normalidad de su vida junto a sus hijos.
