Lo que comenzó como un viaje de vacaciones terminó convirtiéndose en un problema sin salida. Una familia de Rafaela asegura que desde agosto de 2025 figura en los registros oficiales como residente en Chile, a pesar de vivir, trabajar y tener a sus hijas escolarizadas en Argentina.
Todo se originó tras un cruce ocasional al país vecino durante una estadía en Mendoza. Según relataron, ingresaron a Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor cumpliendo con todos los controles. Sin embargo, al regresar, no encontraron ningún tipo de operativo migratorio que registrara su reingreso al país.
“Para entrar a Chile estuvimos más de dos horas, con controles, revisiones y trámites. Pero cuando volvimos no había nada: ni un cono, ni un cartel. Pasamos directamente”, contó el protagonista. Ese detalle, que en el momento pareció una simple anécdota, terminó teniendo consecuencias inesperadas.
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El problema sale a la luz
Meses después, al realizar trámites cotidianos, detectaron que algo no estaba bien. En una consulta en ANSES, les informaron que figuraban como no residentes en Argentina. “Nos dijeron que desde agosto estábamos viviendo en Chile. Nosotros, nuestras hijas, todos. No lo podíamos creer”, explicó. La situación no solo impactó en la suspensión de un beneficio económico, sino que encendió una preocupación mayor: su condición legal en el país. “Lo que menos nos importa es la plata. Queremos estar bien en los registros. No sabemos qué puede pasar el día de mañana con la jubilación o con otros trámites”, advirtieron.
Desde entonces, iniciaron un largo peregrinar entre oficinas públicas, sin obtener soluciones concretas. En ANSES les indicaron que debían resolver la situación en Migraciones. Pero en Migraciones, la respuesta fue la opuesta: al no existir un registro de salida o ingreso irregular, no podían intervenir. “Nos mandan de un lado a otro. En ANSES dicen que lo arregla Migraciones y en Migraciones dicen que lo tiene que hacer ANSES. Nadie nos da una solución”, resumió.
La familia presentó notas formales, adjuntó documentación que acredita su residencia en Rafaela —como certificados escolares, recibos de sueldo, contratos de alquiler, facturas de servicios y estudios médicos—, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta concreta. Incluso evaluaron alternativas extremas para destrabar la situación: “Si nos dicen que hay que pagar una multa, la pagamos. Pero no nos dicen nada. Estamos en un limbo”.
El temor a consecuencias mayores
El caso no sería aislado. Según comentaron, al buscar información encontraron situaciones similares en otras provincias, especialmente en zonas fronterizas, donde muchas personas cruzan a países vecinos por pocas horas. El principal temor pasa por las consecuencias a largo plazo. “Leímos casos de gente que no se pudo jubilar por problemas así. Eso es lo que más nos preocupa”, señalaron.
Ante la falta de respuestas, incluso analizan volver a la zona fronteriza para intentar registrar un ingreso formal al país, aunque eso no solucionaría el problema de origen. Mientras tanto, la vida sigue en Rafaela: trabajan, sus hijas asisten a la escuela y cumplen con todas sus obligaciones. Pero en los sistemas oficiales, figuran en otro país.
Una contradicción que, hasta ahora, nadie logró corregir.
