El bloque de concejales justicialistas volvió a la carga contra la ubicación elegida para la futura nueva alcaidía a través de un proyecto de Declaración que presentó en el Concejo Municipal de Rafaela.
La iniciativa es para rechazar la construcción de la nueva Alcaidía en el sector norte de la ciudad, específicamente en la extensión de avenida Italia y su intersección con el camino público Nº 5. La decisión reabre el debate sobre el emplazamiento elegido por el Ejecutivo local y suma un nuevo capítulo a un proyecto que, a casi un año de su anuncio, continúa sin definiciones claras sobre plazos ni financiamiento.
El proyecto fue ingresado el pasado 8 de enero y lleva las firmas de los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Maximiliano Postovit y Valeria Soltermam. En el texto, los ediles plantean que la localización propuesta tiene un fuerte impacto urbano, social y territorial, y que fue impulsada sin instancias suficientes de participación ciudadana.
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Según se detalla en los fundamentos, la nueva unidad de detención está proyectada para albergar a unas 240 personas privadas de la libertad y tendría alcance regional. En ese marco, el PJ sostiene que el traslado de la actual Alcaidía —ubicada en dependencias de la Jefatura Regional de Policía, en pleno centro de la ciudad— es una necesidad compartida, pero advierte que ello no implica necesariamente construir una nueva unidad penitenciaria dentro del ejido urbano de Rafaela.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el cuestionamiento al proceso previo a la definición del lugar. Los concejales señalan que la iniciativa fue promovida de manera unilateral por el Departamento Ejecutivo Municipal, sin consultas formales a los vecinos del sector, a las comisiones vecinales, ni a instituciones intermedias, productivas o agropecuarias. Esa falta de debate, sostienen, limitó la posibilidad de discutir públicamente una obra de alto impacto comunitario.
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El texto también hace referencia a la cercanía del predio elegido con barrios como Mora, Zazpe, 42, Virgen del Rosario, Italia y San José, zonas que en las últimas décadas “fueron objeto de políticas públicas orientadas a su integración urbana y al fortalecimiento de servicios, infraestructura educativa, sanitaria y vial”.
En ese contexto, el bloque advierte que la instalación de una unidad penitenciaria podría generar externalidades negativas, como aumento del tránsito, concentración de vehículos, presencia prolongada de personas provenientes de otras localidades y posibles impactos ambientales, sonoros y de seguridad.
Además, el proyecto del PJ plantea una mirada más amplia sobre el modelo de ciudad. En los considerandos se señala que Rafaela ha consolidado históricamente un perfil productivo, educativo y de innovación, y que resulta necesario resguardar una planificación estratégica coherente con esa identidad y con un crecimiento equilibrado de sus distintos sectores.
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En su parte resolutiva, la Declaración propone rechazar la construcción de la Alcaidía en el sector norte del ejido urbano y, al mismo tiempo, declarar de interés municipal la necesidad de relocalizar la actual Alcaidía fuera del área urbana, evaluando alternativas de carácter regional. También se dispone el envío de la resolución al gobernador Maximiliano Pullaro, a la Legislatura provincial y al intendente Leonardo Viotti.
La presentación del proyecto se da en un contexto en el que el avance concreto de la obra permanece envuelto en incertidumbre. Si bien el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó recientemente a Rafaela Noticias que se están revisando los proyectos técnicos y que este año se espera licitar la obra, el Presupuesto Provincial 2026 asignó apenas 10 millones de pesos a la Alcaidía de Rafaela, una cifra considerada simbólica para una infraestructura de esta magnitud.
Esa partida reducida reforzó las dudas sobre los plazos reales de ejecución y volvió a poner en discusión una iniciativa que ya había generado resistencia vecinal y política desde sus primeros anuncios, a comienzos de 2025. Ahora, con un rechazo formal planteado desde el Concejo, el debate sobre la nueva Alcaidía suma un componente institucional que complejiza aún más su futuro inmediato.
