El camarista Cristian Fiz participó de una exposición en el Concejo Municipal de Rafaela donde analizó el alcance de la nueva ley que establece la baja en la edad de imputabilidad penal para menores. Del encuentro, también formaron parte los Dres. Carlos Flores (del Servicio Público de la Defensa Penal) y Carlos Martín Navarro.
Durante su intervención, el magistrado sostuvo que el debate no debe centrarse únicamente en el número que fija la edad mínima, sino en el cambio de enfoque que propone la legislación.
Fiz señaló que, en el debate público, especialmente en los medios nacionales, se puso el foco casi exclusivamente en la edad a partir de la cual los menores pueden ser penalmente responsables. Sin embargo, advirtió que reducir la discusión a ese punto sería “minimizar la problemática”, ya que la ley busca abordar una realidad más compleja vinculada al sistema penal juvenil.
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El camarista consideró que la sanción de la norma representa un avance respecto del marco legal anterior, al que calificó como desactualizado. Recordó que la legislación previa provenía de la última dictadura militar y que, por el paso del tiempo, había quedado desfasada frente a las transformaciones sociales y jurídicas.
En ese contexto, sostuvo que el régimen anterior colocaba a los jueces en una situación contradictoria. Según explicó, los magistrados debían simultáneamente tutelar los derechos del menor y, al mismo tiempo, esclarecer delitos que en muchos casos eran de gravedad. Esa doble función —dijo— generaba tensiones a la hora de tomar decisiones judiciales.
Fiz definió ese esquema como una situación “esquizofrénica”, porque obligaba al juez a moverse entre dos objetivos que no siempre podían resolverse de manera equilibrada: proteger al menor y responder a la víctima del delito. En la práctica, indicó, muchas veces la balanza se inclinaba hacia la protección del menor, mientras que las víctimas quedaban relegadas.
En ese sentido, explicó que una de las críticas que recibía el sistema era que, ante delitos graves cometidos por menores, la respuesta terminaba siendo su reintegración al entorno familiar. Según indicó, esa solución no siempre resultaba efectiva ni para el menor ni para la víctima.
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El magistrado también se refirió al contexto social que atraviesan muchos jóvenes en conflicto con la ley penal. Señaló que detrás de esos casos suelen existir situaciones complejas vinculadas a la pobreza, la desintegración familiar y el consumo problemático de drogas.
No obstante, aclaró que ese análisis no implica justificar la comisión de delitos, sino comprender las condiciones que llevan a determinados jóvenes a involucrarse en hechos delictivos. “No hay menores que nazcan con la intención de delinquir”, afirmó, al tiempo que remarcó que los factores sociales y personales influyen en esas trayectorias.
Fiz sostuvo que la nueva legislación puede aportar herramientas para abordar estas problemáticas, aunque advirtió que las leyes por sí solas no generan soluciones automáticas. Según explicó, el resultado dependerá de cómo se implementen las normas dentro del sistema judicial y de las políticas públicas que acompañen su aplicación.
Uno de los aspectos que destacó de la nueva normativa es la incorporación de una mirada más clara sobre la situación de las víctimas. El camarista indicó que, durante años, muchas personas afectadas por delitos cometidos por menores percibían una sensación de impunidad.
En esa línea, señaló que en algunos casos los propios delincuentes adultos utilizaban a menores para cometer delitos, precisamente porque sabían que el sistema penal tenía limitaciones para actuar frente a ellos.
Para el camarista, ese tipo de situaciones reflejan la necesidad de contar con herramientas legales claras para actuar ante delitos graves cometidos por menores.
Al finalizar su exposición, Fiz consideró positivo que el Congreso haya avanzado con la sanción de la ley y destacó la importancia del debate público en torno al sistema penal juvenil.
“Que hoy estemos hablando de esto ya es un avance”, concluyó el magistrado, al señalar que el desafío será lograr un equilibrio entre la protección de los menores y el derecho de las víctimas a obtener una respuesta del sistema de justicia.
