Marcelo Gieco explicó que la ley de emergencia en discapacidad buscaba garantizar la aplicación efectiva de normativas ya vigentes, incluyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina. Entre otras acciones, la normativa preveía la redistribución de fondos para asegurar el acceso a prestaciones, insumos y apoyos vinculados a salud, educación, trabajo y ocio.
Desde diciembre, según detalló, no se han registrado actualizaciones en el nomenclador nacional, ni convocatorias al directorio que regula esos valores. Esto afecta tanto a prestadores como a instituciones, con un impacto directo en la calidad de las atenciones. “No se entregan insumos, no hay aumentos en los valores prestacionales y se observa una situación crítica en todos los niveles del sistema”, afirmó.
Uno de los primeros servicios en mostrar dificultades fue el transporte. “Se paga el kilómetro a valores que no se actualizan desde hace tiempo. Eso limita la concurrencia de las personas a sus tratamientos”, explicó. Además, señaló que los centros de día, hogares y establecimientos educativos terapéuticos enfrentan problemas para sostener el funcionamiento ante el incremento de costos.
En el plano local, Gieco indicó que ya se observan demoras en autorizaciones, retrasos en los pagos y falta de recursos para garantizar la continuidad de las terapias.
Ante esta situación, profesionales y familiares realizaron una manifestación en la ciudad, además de enviar notas informativas a las familias, a la Comisión Municipal de Discapacidad y a legisladores provinciales. El Concejo Municipal trató el tema y aprobó por unanimidad una resolución que acompaña el reclamo del sector.
Apoyo unánime del Concejo Municipal a la emergencia en discapacidad
Respecto al impacto en los profesionales, Gieco explicó que los aranceles actuales no reflejan la complejidad de la atención en discapacidad. “Una sesión personalizada se considera equivalente en tiempo y recursos a la atención de cuatro pacientes en kinesiología general, pero la retribución económica no lo acompaña”, señaló.
Finalmente, advirtió que si no se garantizan los apoyos necesarios, las familias también se verán afectadas: “La interrupción de rutinas en tratamientos puede generar retrocesos en pacientes y complicaciones en el entorno familiar. Elementos esenciales como sillas de ruedas, prótesis o audífonos tampoco están siendo provistos”.
Aunque aún resta el tratamiento en la Cámara de Diputados, los efectos del veto comienzan a sentirse en todo el país. En Rafaela, las instituciones y profesionales del área continúan trabajando para sostener la atención a personas con discapacidad en un escenario que consideran crítico.
