Una situación judicial de alto impacto económico y político salpica por estas horas al cuerpo legislativo local. Según información a la que pudo acceder Rafaela Noticias, el concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, fue notificado oficialmente de la liquidación final de un proceso laboral que data de varios años y que ya cuenta con sentencia firme.
La notificación fue diligenciada el pasado 17 de marzo de 2026 por la Oficial de Justicia del Distrito N° 5, presentándose en la mesa de entradas de la Municipalidad de Rafaela para dar curso legal al trámite.
Las cifras del caso
El expediente, que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 Laboral de la 1era Nominación, detalla una cifra total que el edil, junto a otros demandados, deberá afrontar tras el reclamo iniciado por un ex empleado del sector de la construcción.
El desglose de la liquidación presentada por la parte actora incluye:
- Capital e Intereses: La suma de $17.165.278,02. Este monto contempla haberes adeudados de 2018, diferencias salariales, vacaciones y una serie de indemnizaciones por leyes laborales (22.250, 25.345 y 24.013).
- Honorarios y Gastos: Se suman otros $7.296.259,17 en concepto de honorarios profesionales de los abogados intervinientes, aportes de ley y gastos del proceso.
- En total, el monto global que la Justicia ha puesto de manifiesto asciende a $24.461.537,19.
Antecedentes del litigio
El conflicto se originó por una relación laboral que se extendió desde junio de 2014 hasta julio de 2018. El trabajador desempeñaba tareas como Oficial bajo el convenio de la construcción (UOCRA).
Tras años de proceso, el juez interviniente dio por practicada la liquidación conforme a las pautas de las sentencias de primera y segunda instancia, aplicando las tasas de interés correspondientes al tiempo transcurrido desde el cese de la relación laboral hasta la fecha actual.
Con esta notificación en el lugar de trabajo del concejal (el edificio municipal), se abren los plazos legales para el cumplimiento de la sentencia o la ejecución de medidas cautelares en caso de falta de pago.
