Pese a los datos oficiales brindados durante 2025 por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, que indicaban una “leve baja” en delitos según lo expresado por el propio ministro Pablo Cococcioni, el termómetro social parecería marcar otra realidad.
En las recorridas de funcionarios provinciales junto a personal municipal por las vecinales de Rafaela, se hizo hincapié, entre otros temas, en la importancia de radicar denuncias por cualquier tipo de delito. ¿La razón? Elaborar el llamado “mapa de calor” para evaluar estadísticas y, de acuerdo a las disposiciones oficiales, intervenir en los sectores más vulnerables.
Ambas cuestiones tienen parte de verdad: los datos oficiales, a febrero de 2025, indicaban que los delitos en Rafaela habían bajado, pero en las reuniones vecinales surgía que muchos ciudadanos desistían de denunciar. ¿La baja en las estadísticas podría deberse a la falta de denuncias? Esa es una de las posibles causas.
La situación en la ciudad cambió en los últimos meses. Durante las elecciones de abril y junio, las campañas políticas generaron interpretaciones cruzadas sobre lo que realmente ocurría en las calles, especialmente en materia de seguridad.
Superada la etapa electoral, vecinos de distintos sectores comenzaron a advertir una escalada de delitos. El Club Ben Hur, por ejemplo, sufrió varios robos en pocas semanas. También se registraron arrebatos en la vía pública, robos a comercios -incluidos destrozos como los provocados recientemente por los “rompevidrieras”- y escruches, varios de ellos informados por Rafaela Noticias.
Ante este panorama, un grupo de vecinos presentó en el Concejo Municipal una nota solicitando la convocatoria al Consejo Consultivo Social.
“La ciudadanía está sufriendo una escalada de hechos de inseguridad en forma diaria, en una sucesión de hurtos, robos a casas de familia, comercios, empresas, escuelas, edificios privados y públicos, entidades de bien, arrebatos y violencia en la vía pública, en todos los barrios de la ciudad, situación que se toma ya intolerable y que exige una toma de conciencia, un accionar inmediato de las autoridades y la adopción de medidas inmediatas, con firmeza y responsabilidad”, expresaron.
Añadieron que esta situación afecta la convivencia, empeora las condiciones de vida y genera desconfianza en las autoridades: “El delito en todas sus manifestaciones, afecta la convivencia y los bienes de las personas, empeora las condiciones de vida de la población, que vive con temor por la vida y seguridad personal y familiar, el cambio de hábitos cotidianos, la impotencia y la desconfianza en las autoridades que no responden con eficacia, la corrupción, la impunidad y lo que es más grave, el deterioro constante de la calidad de vida y la pérdida de valores que han imperado siempre en esta comunidad pacífica y trabajadora”.
También advirtieron sobre las limitaciones que provoca en la vida diaria: “Esta ola delictiva que sin freno crece día a día, origina limitaciones a las actividades sociales y recreativas, cambios forzosos en los hábitos cotidianos, restricción de horarios y lugares de circulación, inversión en medidas de seguridad privadas en algunos sectores y un aislamiento social progresivo”.
Señalaron que gran parte de los delitos no se denuncian: “La mayoría de los ciudadanos afectados por estos delitos no realizan las denuncias policiales por desconfianza y temor, de modo que no se puede conocer la verdadera dimensión del delito en toda la ciudad. Menos configurar un mapa para conocer la incidencia en cada barrio o sector de la ciudad. De esta manera las estadísticas oficiales no reflejan la magnitud real de la inseguridad”.
En el texto también se advierte que, sin entrar a considerar la multicausalidad del problema, la situación “se ha visto agravada significativamente por el desempleo, la pobreza, la marginación de sectores vulnerables, la deserción escolar temprana, la falta de oportunidades y de expectativas, la ausencia de políticas de Estado de inclusión económica y contención y el flagelo del narcotráfico y las adicciones”.
Por todo lo expuesto, y otras consideraciones de público conocimiento, los vecinos señalaron que “en esta situación de crisis creciente, transversal a toda la sociedad, solicitamos la convocatoria de urgencia del Consejo Consultivo Social”, un ámbito creado en su momento en un contexto crítico y que, gracias a la participación ciudadana a través de organizaciones civiles y representantes del Estado local y provincial, “sirvió para elaborar una agenda de trabajo consensuada entre todos los actores civiles y políticos, que se tradujo en acciones concretas representativas de las urgencias y necesidades de la comunidad”.
Finalmente, sostuvieron que están convencidos de que el restablecimiento de este espacio “será propicio para articular acciones basadas en el compromiso participativo de todos los actores citados y poder dar respuestas concretas a los reclamos justos y urgentes que requiere la situación actual”. Y concluyeron: “Es ineludible la voluntad y decisión política de honrar el compromiso con la ciudadanía para seguir creciendo como ciudad, restableciendo los valores del diálogo y la convivencia pacífica”.
