El concejal Lisandro Mársico, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, ingresó un proyecto de ordenanza que propone establecer un esquema de implementación gradual y asistida de las cortinas forestales en el área periurbana de Rafaela, previstas en la Ordenanza Nº 5.331 y su Decreto Reglamentario Nº 52.670/21.
La normativa vigente obliga a productores periurbanos a colocar barreras vegetales como parte de las regulaciones sobre el uso de fitosanitarios. Sin embargo, el proyecto señala que existen dificultades técnicas, económicas y ambientales que impiden su ejecución en los plazos establecidos originalmente.
Según el texto presentado, los ensayos realizados desde 2022 mostraron altos costos de implantación y mantenimiento, daños por plagas, roedores y enfermedades, además de una baja supervivencia de ejemplares. La Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela reportó que estos problemas se replicaron en distintos establecimientos rurales.
El proyecto también menciona que las experiencias se desarrollaron durante años climáticamente adversos y en un contexto en el que el Departamento Castellanos fue declarado en emergencia y desastre agropecuario en varias oportunidades. A esto se suma que, según se indica, el municipio aún no definió la ubicación exacta de las cortinas ni avanzó en los convenios previstos para acompañar económicamente a los productores.
La iniciativa propone que la implementación sea progresiva y que esté acompañada por un programa municipal obligatorio de asistencia, con provisión gratuita de especies, asesoramiento técnico y líneas de crédito o aportes económicos. También fija condiciones para que la obligación sea exigible, como la aprobación de una planificación territorial integral y la notificación previa a los productores.
El proyecto divide el proceso en tres etapas: una etapa preparatoria de 12 meses para definir ubicaciones, convenios y estudios técnicos; una etapa de implementación gradual de tres años, ordenada por niveles de vulnerabilidad ambiental; y una etapa de consolidación y mantenimiento durante los primeros cinco años de cada cortina forestal.
Además, mantiene vigentes todas las restricciones ambientales de la normativa de fitosanitarios mientras se completa la transición, aclarando que la propuesta no implica reducir zonas de protección. También prevé fortalecer los controles y aplicar medidas temporarias de mitigación.
El proyecto sostiene que la planificación debe involucrar al municipio, instituciones locales, organismos provinciales y productores, con el fin de asegurar un esquema viable desde lo técnico y lo económico.
