En el marco del tratamiento del Presupuesto Municipal 2026, el bloque justicialista de concejales volvió a plantear la necesidad de contar con información detallada y con la presencia de los responsables de las áreas involucradas, al advertir que no es posible avanzar en decisiones de alto impacto sin explicaciones previas.
El planteo se realizó durante una reunión de comisión celebrada este lunes en el Concejo Municipal, en la antesala de la sesión extraordinaria en la que se someterá a votación el proyecto presupuestario. Allí, los ediles Juan Senn y María Paz Caruso insistieron en la convocatoria al subsecretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, ante un pedido del Departamento Ejecutivo para modificar partidas destinadas a la compra de dos minibuses.
Desde el bloque señalaron que la iniciativa implica una reasignación de recursos significativa y que, hasta el momento, no se brindaron precisiones técnicas ni políticas suficientes. En ese sentido, cuestionaron la reiterada ausencia del funcionario requerido, lo que —indicaron— dificulta el ejercicio del control que corresponde al cuerpo legislativo.
Caruso remarcó que el área a cargo de Aversa concentra uno de los mayores presupuestos previstos para 2026 y consideró necesaria su presencia para detallar el destino de los fondos. También recordó que el subsecretario no asistió a otras instancias de convocatoria, entre ellas una interpelación solicitada para abordar posibles incompatibilidades en contrataciones y debates vinculados a convenios con cooperativas.
Si bien en las últimas semanas otros funcionarios del Ejecutivo participaron de encuentros para ampliar la información del proyecto, la ausencia del subsecretario volvió a ser señalada por el justicialismo como un mensaje político. En ese marco, advirtieron que no acompañarán modificaciones presupuestarias sin los elementos necesarios para evaluar su conveniencia.
Finalmente, desde el bloque reafirmaron que analizarán el Presupuesto 2026 con responsabilidad institucional y con el objetivo de resguardar el uso de los recursos públicos, insistiendo en que el control y la solicitud de explicaciones forman parte de su función.
