De cara a las graduaciones que se llevarán a cabo entre noviembre y diciembre de 2025, las comisiones de egresados comenzaron a organizarse para afrontar los costos de los eventos. Sin embargo, se encuentran con un obstáculo: el pago de los aranceles que SADAIC y AADI CAPIF exigen por el uso de música en las celebraciones.
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Los padres sostienen que, al tratarse de eventos privados organizados por cada colegio para alumnos y familiares, estos impuestos no deberían aplicarse, en línea con un decreto presidencial vigente. No obstante, denuncian que ambas entidades continúan exigiendo los pagos y presionando tanto a los salones de fiestas como a las familias.
“Nosotros no estamos pidiendo no pagar el impuesto a la música. El problema es que nos están cobrando en base al cubierto, cuando ya estamos abonando impuestos por ese concepto. Es un valor exorbitante para las familias”, explicaron tras la reunión con el Concejo Municipal.
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Según detallaron, el cálculo del arancel se realiza en función de la capacidad máxima del salón, que en este caso es de 1.200 personas. Si el costo de la tarjeta asciende a 80 mil pesos, como se estima que suceda a fin de año, el monto total a abonar a SADAIC y AADI CAPIF alcanzaría los 9 millones de pesos.
Las entidades defensoras de los derechos de autor argumentan que el decreto presidencial que exime del pago es inconstitucional. Sin embargo, los padres remarcan que hasta el momento ningún juez ha declarado su invalidez. “Ellos presionan al salón y a las familias para que se pague el impuesto”, señalaron.
Si bien aún no han presentado un reclamo formal ante Defensa del Consumidor, explicaron que existe una postura de este organismo que respalda la exención del pago. No obstante, temen que avanzar en esta vía genere complicaciones en la organización de los eventos. “El riesgo es que no nos entreguen las llaves del salón o que la fiesta sea clausurada esa misma noche. La presión es enorme”, concluyeron.
