La situación del complejo habitacional usurpado en avenida Mitre al 500 continúa generando repercusiones. En este contexto, Natalia Elfenbein —hija y sobrina de los propietarios del inmueble— habló con RAFAELA NOTICIAS y brindó precisiones sobre el estado de la causa judicial y los pasos que esperan dar en las próximas semanas.
En primer lugar, aclaró que no es titular directa del inmueble, sino que los legítimos propietarios son su padre y otros familiares, quienes cuentan con la escritura correspondiente.
Según explicó, la sentencia que ordena el desalojo fue dictada el 30 de diciembre de 2025 y establece un plazo de 30 días hábiles para que los ocupantes restituyan la propiedad. Sin embargo, enero no se computa por la feria judicial, por lo que los plazos comenzaron a correr a partir del levantamiento de la feria, a inicios de febrero. De este modo, el vencimiento se proyectaría hacia fines de marzo.
“Luego de que se cumple ese plazo, debemos presentarnos en el juicio para que el juez dicte fecha y hora del desalojo forzoso. Ahí vamos a tener una fecha concreta”, detalló.
El origen del conflicto
El predio —de aproximadamente 20 por 60 metros— cuenta con una construcción de 15 departamentos levantados desde la mitad del terreno hacia el fondo. Elfenbein explicó que en 2013 la familia firmó un contrato de fideicomiso con un particular, Hernán Leandro Minacci, mediante el cual cedían el terreno a cambio de una determinada cantidad de metros cuadrados construidos —equivalentes a unos siete departamentos y cocheras—.
No obstante, aseguró que el fideicomiso “nunca fue inscripto”, que no se habrían realizado habilitaciones de obra y que comenzaron a registrarse múltiples incumplimientos. Según su relato, los plazos de construcción no se respetaron y tampoco se habría cumplido con compromisos económicos asumidos, lo que derivó en una denuncia para rescindir el contrato en 2019.
La entrevistada señaló además que con el paso del tiempo comenzaron a ocuparse algunos de los departamentos construidos de manera precaria y que esa situación derivó en distintos conflictos, conexiones clandestinas de servicios y denuncias penales.
Qué puede pasar tras el desalojo
Consultada sobre el futuro del inmueble, Elfenbein indicó que la prioridad es efectivizar el desalojo ordenado por la Justicia. “Vamos paso a paso. Primero se va a hacer cumplir el desalojo como ordenó el juez”, afirmó.
En cuanto al destino posterior del complejo, explicó que las decisiones no dependerán exclusivamente de la familia propietaria, sino también de lo que recomienden las autoridades judiciales y los organismos municipales y provinciales intervinientes.
Entre las posibilidades mencionadas se encuentran la recuperación y regularización de las unidades construidas o, eventualmente, una demolición por razones de seguridad. “Nos vamos a regir por lo que nos recomienden desde el área municipal y provincial”, señaló.
Mientras tanto, la expectativa está puesta en que durante abril pueda definirse la fecha concreta para llevar adelante el desalojo forzoso, en cumplimiento de la sentencia judicial vigente.
