La Delegación Santa Fe de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) expresó su preocupación ante la media sanción del proyecto de reforma al Código Procesal Laboral en materia de acceso a la justicia en Riesgos del Trabajo.
Desde la entidad sostienen que los cambios propuestos introducen mayores exigencias para quienes reclaman, lo que terminaría dificultando el acceso a una respuesta judicial efectiva. Entre los puntos más cuestionados se encuentra la reducción de los plazos para iniciar acciones legales, que pasarían de dos años a solo 90 días, además de la incorporación de nuevas cargas procesales como la exigencia de informes médicos.
Según APYME, lejos de reducir la litigiosidad, la reforma podría generar el efecto contrario: complicar el cobro de indemnizaciones para los trabajadores sin resolver los problemas estructurales del sistema.
En ese sentido, señalaron que este escenario recuerda a lo ocurrido hace más de 25 años, cuando las empresas debían afrontar tanto el costo del sistema de riesgos del trabajo como demandas civiles adicionales por daños. “Se pagaba el sistema y además se debía responder judicialmente”, advirtieron.
Desde la organización explicaron que cuando el procedimiento administrativo se vuelve más complejo y restrictivo —como podría ocurrir con las comisiones médicas— los trabajadores tienden a optar por la vía civil, donde encuentran mayores plazos, menos requisitos y, en muchos casos, indemnizaciones más amplias.
Si bien reconocieron que algunas iniciativas, como el fortalecimiento del Observatorio, pueden resultar positivas, remarcaron que en los últimos años no se han corregido las deficiencias estructurales del sistema, sino que se han profundizado.
En este contexto, las pequeñas y medianas empresas continúan afrontando alícuotas elevadas para sostener un sistema que, según denuncian, no brinda respuestas adecuadas ni en términos de prevención ni de reparación, mientras aumentan la incertidumbre y los riesgos.
Finalmente, desde APYME Santa Fe insistieron en la necesidad de avanzar hacia políticas que fortalezcan el entramado productivo, garanticen un acceso real a la justicia y construyan un sistema equilibrado que proteja a los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las empresas.
