Bajo el lema de concientización por el mes del autismo, la concentración en el centro rafaelino se transformó en un fuerte reclamo por la emergencia que atraviesa el sector de la discapacidad. Las familias, nucleadas en agrupaciones como la Asociación Civil "Autismo sin Barreras", denunciaron que las obras sociales están demorando hasta cinco meses en autorizar las prestaciones básicas, lo que impide el inicio formal de las terapias y el transporte de los pacientes.
Desde "Autismo sin Barreras" señalaron que la lucha ya no es solo por los bajos aranceles, sino por la falta de atención directa. "No podemos esperar cinco meses para una autorización. Hoy no conseguimos profesionales porque el sistema está desbordado; los psicólogos son pocos y faltan muchísimos acompañantes terapéuticos", explicaron durante la jornada.
Uno de los puntos más críticos es la inclusión escolar. Las familias denuncian que las obras sociales exigen profesionales de salud para acompañar a los niños en el aula, pero ofrecen aranceles de entre 8.000 y 9.000 pesos por hora. "A un profesional le conviene más trabajar en una clínica que poner el cuerpo cinco horas en una escuela por ese monto; necesitamos que se regulen los nomencladores que hoy son bajísimos", enfatizaron.
Antonela, psicopedagoga y acompañante terapéutico, describió la precarización del sector: "Los salarios son muy bajos para todo el trabajo que implica, que no es solo estar en el aula, sino las reuniones con equipos y familias. Muchas veces ni siquiera se respeta el valor del nomenclador estipulado".
Por su parte, la psicóloga Denis Armando, del equipo Glía, advirtió sobre la parálisis del sistema: "Estamos en abril y muchos todavía no pudieron empezar a trabajar porque las obras sociales retrasan las autorizaciones anuales. Sin eso no podemos facturar y el circuito de cobro, que hoy ya tiene una demora de tres a seis meses, ni siquiera comienza". Además, denunció que recientemente fueron notificados de que algunas facturas de febrero y marzo no serán reconocidas por supuestos problemas administrativos.
Lorena Pairone, directora de integración escolar en la clínica Pilares, y Mauro Bedini, responsable de los centros de día Andares y Lazos, acompañaron el reclamo destacando que, aunque sus instituciones están categorizadas y tienen procesos más aceitados, la emergencia es generalizada.
"La tardanza burocrática para autorizar prestaciones y transporte nos está atando las manos. El que pierde siempre es el chico, que se queda sin la terapia necesaria para su evolución", concluyeron los referentes institucionales durante la movilización en la que RAFAELA NOTICIAS recabó estos testimonios.
