El ministro de Economía criticó el silencio del sector privado ante la fuerte reducción de contribuciones para nuevos empleos incluida en el proyecto de reforma laboral, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora se debate en Diputado

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El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este lunes a cuestionar duramente al sector empresarial argentino por la ausencia de un respaldo explícito a uno de los ejes centrales de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el proyecto aprobado en el Senado, que contempla una reducción de hasta el 85% en las cargas patronales para nuevos empleos, debería haber generado un mayor entusiasmo entre las cámaras empresarias.

“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, escribió Caputo, remarcando el impacto que tendría el llamado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el costo laboral de las empresas si el proyecto es sancionado también por la Cámara de Diputados.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) citado por el funcionario, ese esquema reduciría las contribuciones patronales del 27% al 15% durante 48 meses para nuevos trabajadores, lo que haría descender la llamada “cuña fiscal” total desde alrededor del 44% al 32% sobre el salario bruto.

Caputo aseguró que esta medida, pensada para incentivar la formalización del empleo y abaratar el costo de contratar, debería haber sido recibida con mayor entusiasmo por parte de las cámaras empresarias, pero en cambio recibió un silencio que calificó de “asombroso”. El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei, consolidando la postura oficial frente al debate parlamentario que continúa en la Cámara Baja.

El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral tras su media sanción en el Senado, donde el proyecto fue aprobado en medio de fuertes protestas sindicales y críticas de la oposición. La iniciativa prevé, además de la rebaja de cargas, cambios en la regulación de despidos, la jornada laboral y otros puntos polémicos que han generado resistencia tanto de gremios como de algunos sectores empresariales.

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