Una reciente decisión judicial adoptada en la ciudad de Rosario reavivó el debate sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria y las herramientas legales disponibles para garantizar su cobro. El fallo, dictado por la jueza de Familia Andrea Brunetti, ordenó que la deuda alimentaria de un padre sea incorporada a la factura del servicio eléctrico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), luego de reiteradas medidas previas que no lograron resultados.
El caso fue analizado en una entrevista realizada en Rafaela Noticias TV con la abogada Andrea Grisolía, quien explicó que, en contextos de crisis económica, los incumplimientos de las cuotas alimentarias suelen incrementarse. “La conflictividad aumenta y eso repercute directamente en la fijación y el pago de las cuotas”, señaló.
En relación con cómo se determina el monto, Grisolía explicó que no existe una cifra única. Como referencia, se toma el índice de crianza que elabora el INDEC, el cual estima el costo mínimo de manutención de niños y adolescentes según la edad. Sin embargo, aclaró que ese parámetro es solo orientativo, ya que luego intervienen múltiples variables: si se paga alquiler, la ciudad donde vive el menor, los gastos de transporte escolar o necesidades particulares de salud, entre otros factores.
En la práctica judicial, cuando el progenitor no conviviente tiene un ingreso registrado, el juzgado suele fijar un porcentaje del sueldo, que puede oscilar entre el 20% y el 40%, según la cantidad de hijos. Ese porcentaje se distribuye entre todos los menores a cargo. No obstante, la abogada reconoció que, en muchos casos, esos montos resultan insuficientes frente al costo real de vida y deben ser complementados por ambos progenitores.
Uno de los principales problemas aparece cuando no existe un salario formal del cual retener la cuota. En esos casos, el cumplimiento depende de la voluntad del obligado, y es allí donde el sistema judicial comienza a aplicar medidas coercitivas: inscripción en el registro de deudores alimentarios, suspensión de la licencia de conducir, restricciones para asistir a espectáculos deportivos o, como en el reciente fallo rosarino, la incorporación de la deuda a un servicio esencial.
Grisolía subrayó que estas herramientas se aplican de manera progresiva y según cada situación particular. “Si hay recibo de sueldo, el cobro es directo. El conflicto aparece con los trabajadores independientes o informales”, explicó, y remarcó que muchas veces el progenitor que se va del hogar subestima los gastos cotidianos que continúan existiendo para los hijos.
Finalmente, la abogada recordó que el incumplimiento no solo genera deuda alimentaria, sino también costas judiciales que deben ser afrontadas por quien no paga. Además, advirtió que desistir del reclamo por cansancio no es una opción recomendable, ya que las necesidades de los niños son diarias y permanentes. “Existen herramientas legales para garantizar el cobro; el objetivo es que la cuota se pague en tiempo y forma para cubrir derechos básicos”, concluyó.
