Con una votación de 44 afirmativos, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación aprobó la ley que modifica el sistema penal juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La norma, que ya había recibido aval de Diputados, quedó lista para su reglamentación y publicación oficial.
El proyecto fue impulsado desde el área de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la sanción y defendió el enfoque de la iniciativa. En su discurso, sostuvo que el Estado debía dejar de ser indiferente frente al delito y afirmó que la ley apunta a restablecer la autoridad jurídica, proteger a las víctimas y dar una respuesta clara frente a hechos graves cometidos por adolescentes.
Durante el debate, el oficialismo remarcó que el nuevo régimen introduce un sistema específico para jóvenes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados, garantías reforzadas y sanciones graduales. Desde ese espacio se insistió en que la privación de la libertad será excepcional y reservada para delitos de extrema gravedad, priorizando medidas educativas y de reinserción social.
La oposición peronista rechazó el proyecto desde el inicio. Legisladores del Partido Justicialista cuestionaron el sesgo punitivo de la ley, advirtieron sobre su posible inconstitucionalidad y pusieron el foco en el financiamiento. Según el texto aprobado, el Estado nacional prevé destinar $23.700 millones a las provincias para implementar el nuevo sistema, una cifra que consideraron insuficiente para construir infraestructura adecuada y garantizar equipos especializados.
En ese marco, varios senadores alertaron que, con los fondos asignados, cada provincia recibiría recursos mínimos para alojar adolescentes en conflicto con la ley, lo que podría generar litigios y dificultades operativas. Desde el bloque libertario, en cambio, respondieron que el debate no debía centrarse solo en el dinero y acusaron a la oposición de desinformar, defendiendo la necesidad de dar respuestas a las víctimas.
El intercambio se tensó también por la presencia de familiares de víctimas en el recinto, situación que generó cruces entre bloques y un pedido de minuto de silencio, finalmente acompañado por la mayoría de los senadores.
La ley crea un sistema penal juvenil especializado que garantiza que los menores no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos, establece la presunción favorable a la minoridad y reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos, con participación activa de sus familias. Asimismo, otorga un rol central a las víctimas, asegurando asistencia jurídica y psicológica, intervención en audiencias y acceso a mecanismos de justicia restaurativa.
El régimen de sanciones contempla medidas educativas, tareas comunitarias, reparación del daño, controles electrónicos y restricciones de circulación. La detención solo podrá aplicarse en casos graves, con límites estrictos y bajo supervisión judicial especializada. Además, se incorporan dispositivos específicos para salud mental y consumos problemáticos, y se exige capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores.
Con fuertes apoyos y rechazos, la sanción del Régimen Penal Juvenil abrió un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad, derechos de las infancias y federalismo, un tema que promete seguir generando controversia en la agenda política nacional.
