La Inspección General de Justicia (IGJ) mantiene en análisis la documentación aportada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional, luego de las audiencias realizadas con los auditores de ambas entidades. Si bien desde el organismo dependiente del Ministerio de Justicia aseguran que, en principio, no se avanzará con la designación de un veedor, en sectores del Ejecutivo nacional expresan una postura diferente y consideran viable esa alternativa.
“No creemos que las declaraciones obtenidas reflejen la totalidad de la información”, señalaron fuentes de Balcarce 50, marcando diferencias con la mirada que hoy sostiene la IGJ. No obstante, desde el entorno del organismo aclararon que la posibilidad de nombrar veedores continúa bajo estudio, aunque remarcaron que “si no hay razones, no se hará” y que “no se persigue a nadie”.
El análisis se centra en la revisión de los estados contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. En caso de detectarse inconsistencias en la información presentada, recién entonces se evaluaría la eventual designación de un veedor. Mientras tanto, en el ámbito judicial llamó la atención que la AFA haya respondido a los requerimientos de la IGJ abriendo las cuentas de sus balances.
Según trascendió, la IGJ citó a los contadores responsables de auditar los balances de la AFA y de la Liga Profesional para comprender las cifras consignadas, dado que en una primera instancia “no estaban discriminadas ni detalladas en los cuadros anexos a los estados financieros”. Además, el organismo busca determinar qué verificaciones realizaron los auditores para confirmar que los números reflejan la situación real de las entidades.
En ese marco, también se intenta establecer cuáles fueron los procedimientos de análisis aplicados en materia de prevención de eventuales maniobras o supuestos casos de lavado de dinero. Por su parte, la AFA negó irregularidades contables, rechazó acusaciones de malversación y cuestionó al Gobierno en declaraciones realizadas la semana pasada. Asimismo, defendió el cambio de jurisdicción efectuado y sostuvo que el mismo fue avalado tanto por veedores de la IGJ como por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.
