Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobara con 149 votos a favor el nuevo Régimen Penal Juvenil —que fija la edad de imputabilidad en 14 años y establece un esquema más amplio de sanciones y dispositivos específicos—, Gisela Scaglia valoró el avance aunque reconoció que no se trata de la norma ideal.
“Creo que no es la ley perfecta, pero sí es la ley posible y la que pudo construir la mayor cantidad de consensos”, afirmó. La diputada consideró que el debate era una deuda pendiente desde hace más de 30 años y que representa “un paso más en la reparación de justicia”, especialmente en casos de delitos graves cometidos por menores.
Scaglia sostuvo que el eje debe estar puesto en la conciencia del hecho y no únicamente en la edad. “Alguien que comete un delito grave tiene que tener una pena consecuente con el acto que cometió”, señaló.
La legisladora también hizo referencia al impacto que tuvo el caso de Jeremías Monzón en la discusión pública. Si bien aclaró que no se debe legislar solo desde el dolor, destacó el rol de las familias que impulsan cambios a partir de tragedias personales. “Muchas madres saben que esta ley no va a cambiar lo que les pasó a sus hijos, pero buscan dejar un legado positivo”, expresó.
En cuanto a la efectividad de la norma, indicó que no necesariamente reducirá el delito juvenil, pero sí puede generar un efecto disuasivo y evitar que adultos utilicen a menores no punibles para cometer delitos, especialmente en redes narco criminales. En ese sentido, planteó que debería agravarse la pena para quienes utilicen menores en la comisión de delitos.
Uno de los puntos centrales de su planteo fue el financiamiento. Scaglia advirtió que, si bien se trata de una ley penal de alcance nacional, su aplicación recaerá mayormente en las provincias. “El 97% o el 100% de la implementación va a depender de los sistemas judiciales y penitenciarios provinciales”, explicó.
Según detalló, el presupuesto previsto por Nación —23.000 millones de pesos anuales para distribuir entre las 24 jurisdicciones— resulta insuficiente frente a los costos de infraestructura, adecuación de institutos y equipos especializados. “Al final del día, son las provincias las que tienen que afrontar los gastos”, remarcó.
Sobre el tratamiento en el Senado de la Nación Argentina, estimó que no habrá modificaciones sustanciales y que el texto aprobado en Diputados sería ratificado.
