Este martes, la Cámara de Diputados comenzará a tratar un proyecto de ley que busca modificar las reglas sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo, en un nuevo capítulo de tensión entre la oposición y el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, será analizada desde el mediodía en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, con el objetivo de emitir dictamen el próximo 30 de septiembre y llevarla al recinto en una sesión especial prevista para el 1 de octubre.
La propuesta legislativa establece que bastará con el rechazo de una sola cámara para anular un DNU, y fija plazos más estrictos para su convalidación: el Ejecutivo tendrá un máximo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial para obtener la aprobación del Congreso, mientras que se reduce a 48 horas el tiempo que una cámara tiene para comunicar su decisión a la otra. Además, se prohíbe dictar un nuevo decreto sobre el mismo tema durante el mismo año parlamentario.
La oposición sostiene que estas modificaciones buscan poner límites al uso de los DNU, una herramienta que, si bien fue incorporada a la Constitución en 1994 para situaciones excepcionales, en la práctica ha sido utilizada de manera habitual por todos los gobiernos para implementar medidas sin pasar por el Congreso. En 2006, durante la gestión de Cristina Kirchner, se sancionó una norma que consolidó la validez de los decretos: bastaba con la aprobación de una sola cámara para que quedaran vigentes, mientras que era necesario el rechazo de ambas para derogarlos, lo que dificultaba su anulación.
Durante los últimos meses, la oposición ya logró frenar algunos decretos relacionados con fondos reservados de la SIDE, Vialidad, el INTA, el INTI, Cultura y la Marina Mercante. Con el nuevo proyecto, esperan que estos mecanismos de control legislativo sean más efectivos y garanticen un mayor equilibrio de poderes frente al Ejecutivo.
La sesión especial que prepara la oposición incluirá también otros puntos de debate: los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional y la derogación de los decretos que modificaron la identidad de género y el estatuto de la Policía Federal, consolidando así un paquete de medidas que podría generar nuevas tensiones con el oficialismo.
Por su parte, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos con la intención de avanzar en gestiones económicas, incluyendo la posible obtención de un préstamo del Tesoro, mientras la economía local enfrenta dificultades: durante su gestión se perdieron más de 15 mil empresas y cerca de 220 mil puestos de trabajo, según datos oficiales.
