De los 19 legisladores con los que cuenta la provincia, 11 manifestaron su aprobación al proyecto mientras que siete fueron los que rechazaron la medida. En tanto, el rafaelino Roberto Mirabella estuvo ausente.

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La Ley de Bases se aprobó con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones

En la mañana de este martes se logró la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Bases con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones. De esos votos a favor, 11 le corresponden a los legisladores por Santa Fe.

Dieron luz verde a la nueva versión de la Ley Ómnibus Romina Diez, Rocío Bonacci y Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza; Alejandro Bongiovanni, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, José Núñez y Verónica Razzini, del PRO, y Mario Barletta y Melina Giorgi, de la UCR. Por el rechazo de la misma votaron en contra Germán Martínez, Diego Giuliano, Florencia Carignano, Magalí Mastaler y Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria, y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, que integran el bloque Hacemos Coalición Federal. Por su parte, el rafaelino Roberto Mirabella estuvo ausente en la sesión.

 

 

 

 

 

 

Las modificaciones que sufrió la Ley en el trayecto

 

 

 

 

 

La nueva versión de la ley Bases incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central y la privatización de empresas públicas.

Además, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas. Extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las pymes, elimina el cobro de multas por el trabajo mal registrado y habilita a las empresas a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.

Uno de los aspectos más controversiales es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los 200 millones de dólares. Según la oposición, este régimen acentúa la primarización de la economía argentina y perjudica a la industria argentina, en especial a las pymes.

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