El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda modificación a la Ley de Migraciones a través del DNU 366/2025, con el objetivo de restringir los criterios de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para personas extranjeras. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, endurece el régimen de deportaciones y acota el acceso a la ciudadanía, al tiempo que habilita el cobro por parte del sistema de salud y las universidades públicas a quienes no tengan residencia permanente en el país.
Cambios en salud y asistencia social
Si bien el texto asegura que los inmigrantes tendrán derecho al acceso igualitario en servicios como salud, educación, trabajo y asistencia social —según su categoría migratoria—, establece una salvedad: fuera de situaciones de emergencia o de la atención obligatoria en niveles educativos inicial, primario y secundario, los extranjeros deberán contar con un seguro de salud o abonar previamente por los servicios médicos que reciban en hospitales nacionales. El Ministerio de Salud será el encargado de establecer las condiciones para estos cobros.
Educación superior: ya no será gratuita para todos
Otro punto clave del decreto establece que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. La gratuidad se mantendrá únicamente para ciudadanos argentinos y extranjeros residentes permanentes. Las instituciones podrán fijar tarifas y condiciones, aunque también se contempla la posibilidad de becas para quienes no tengan residencia, en casos establecidos por convenios internacionales o normativas propias.
Categorías migratorias y residencia precaria
El nuevo marco legal mantiene las categorías vigentes de “residente permanente”, “residente temporario” y “residente transitorio”, pero otorga mayor discrecionalidad a la Dirección Nacional de Migraciones para aceptar, cambiar o revocar esas condiciones. Se introduce además la figura de “residencia precaria”, válida por hasta 90 días y prorrogable, que habilita al migrante a trabajar, estudiar e ingresar o salir del país mientras se resuelve su situación. Sin embargo, esta residencia no podrá utilizarse como prueba de arraigo ni para acceder a la nacionalidad argentina.
Requisitos más estrictos para la residencia permanente
Para obtener la residencia permanente, será necesario acreditar medios económicos suficientes y carecer de antecedentes penales. En el caso de la reunificación familiar, solo podrán solicitarla cónyuges, padres o hijos menores de argentinos o de extranjeros ya radicados en el país, bajo condiciones estrictas y con permisos temporales prorrogables.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca redefinir la política migratoria bajo una lógica más restrictiva, en línea con discursos de control fronterizo y reciprocidad en el acceso a servicios públicos. Críticos de la medida ya la comparan con políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, mientras se aguardan reacciones de organismos de derechos humanos, universidades y asociaciones médicas.
