El sector de discapacidad atraviesa una crisis profunda en todo el país. En Rafaela, profesionales e instituciones aseguran que la situación "es insostenible" y se suman a las movilizaciones que se replican en distintas provincias para reclamar la aprobación de una ley de emergencia que permita actualizar los aranceles. Denuncian que las prestaciones están atrasadas más de un 60%, lo que pone en riesgo tanto el trabajo de los equipos terapéuticos como el acceso a los tratamientos para las personas con discapacidad.
"En 2024 hubo aumentos del 0,5%, 0,8%, y hoy se dice que están atrasados en un 62% los valores de las prestaciones", expresó en diálogo con RAFAELA NOTICIAS Fernanda Gómez Odetto, médica especialista en fisiatría y rehabilitación.
La profesional explicó que los valores fijados por el nomenclador nacional —que regula cuánto deben pagar las obras sociales y programas como Incluir Salud— quedaron completamente desfasados respecto a la inflación y los costos de vida actuales.
"Esto condiciona a que muchos profesionales y muchas instituciones tengan muy acotados sus ingresos y que no se puedan sostener las prestaciones. Poder sostener instituciones, edificios, y todos los gastos que implica llevar adelante una tarea terapéutica para personas con discapacidad se hace bastante difícil", advirtió.
El reclamo no se limita a los honorarios de los profesionales. Gómez Odetto señaló que también están afectadas prestaciones como transporte, hogares, centros educativos terapéuticos y servicios de acompañamiento. En Rafaela, donde existe una importante red de prestadores, la situación se repite.
"Creo que la realidad nos atraviesa a todos por igual. Hay una gran dificultad para conseguir transporte, por ejemplo. El valor del kilómetro quedó muy por debajo de lo que cuesta la nafta o el gasoil. Nadie quiere trabajar bajo esos aranceles", agregó.
La falta de actualización pone en jaque la continuidad de los tratamientos y la estabilidad laboral de los profesionales. "Ya hay instituciones a lo largo y ancho del país que están advirtiendo la posibilidad de cierre o quiebra porque los números no dan", alertó Gómez Odetto.
Además, la médica detalló que el nomenclador nacional es regulado por la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), y que existe una participación muy limitada de los prestadores en su actualización.
“Siempre terminan perdiendo las votaciones porque no son mayoría. La Ley de Emergencia - por la que se está pidiendo- no sólo apunta a actualizar los aranceles, también contempla la compatibilidad entre pensiones no contributivas y empleo, y la creación de una asignación universal por discapacidad”, explicó.
“Se está poniendo en riesgo la calidad de las prestaciones”
Por su parte, Yanina Gasparotti, licenciada en psicopedagogía, coincidió en que la situación es crítica y afecta tanto a los profesionales como a los pacientes.
"Hoy por hoy se ven interferidas las prestaciones de discapacidad, tanto para los afiliados como para los prestadores. No se está actualizando el nomenclador desde diciembre del año pasado", señaló.
Gasparotti advirtió que esta desactualización genera una pérdida de calidad en las terapias: "Al tener un ganancial bajito, uno no puede sostener los tiempos, los materiales, y todas las necesidades que requieren sesiones terapéuticas para personas con discapacidad".
"Ni hablar de la posibilidad de seguir capacitándote. Tanto profesionales como instituciones están haciendo un esfuerzo enorme para sostenerlo, pero esto va a tener un límite si la situación no cambia", indicó.
Ambas profesionales remarcaron que, de tener que pagar estas prestaciones sin cobertura, sería imposible para las familias afrontar los costos. "Generalmente necesitan de más de un servicio, lo que implica varias prestaciones semanales. Por eso se manejan con la cobertura, pero esta está desactualizada", concluyó Gasparotti.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados, aún debe ser aprobada por el Senado. Mientras tanto, el sector espera respuestas urgentes. "La población tiene que tomar conciencia de la crisis que está atravesando el sector y por qué es tan importante darle una pronta respuesta", pidió Gómez Odetto.
